UGT Servicios Públicos se  ha concentrado hoy frente a la Consejería de Política Social  en apoyo a las justas reivindicaciones del personal de los centros de protección de menores y de reforma juvenil de la Región que exigen a Administración Regional y a las empresas del sector un mayor compromiso y financiación que garantice la calidad que precisan estos servicios externalizados.

La Comunidad Autónoma inició el pasado año un cambio en la gestión de la prestación del servicio público en los centros que acogen a los menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la Región, introduciendo un cambio importante en la financiación de programas y servicios que vienen prestando las entidades sociales a través de los conciertos sociales,  pero ni ha cubierto todas las plazas ni se han financiado de forma suficiente para cumplir incluso con lo establecido en el convenio colectivo vigente del sector.

Aun así, buena parte de las empresas del sector se han beneficiado de estos cambios pues han visto incrementado el precio público que financian estos programas y han resuelto una situación anómala que provenía del sistema de contrataciones anterior.  No obstante, siguen existiendo incumplimientos de sus obligaciones respeto al convenio sectorial vigente, transparencia en la aplicación de las nuevas condiciones del concierto y falta de una negociación seria de un nuevo convenio autonómico para el sector.

UGT Servicios Públicos apuesta por la mejora en la calidad de los servicios públicos externalizados que atienden a los menores en la Región y para ello considera  imprescindible un avance en las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector, apostando por su profesionalización.

Por ello, este sindicato exige de forma inmediata el cumplimiento de la tabla salarial y condiciones laborales del IV Convenio Colectivo del sector por parte de la patronal así como su adecuada financiación por parte de la Administración Regional en los conciertos sociales.

De igual forma, UGT Servicios Públicos exige la profesionalización del sector, estableciendo figuras de referencia para las nuevas contrataciones y garantizando los puestos de trabajo de profesionales que ya venían desempeñando la función de educadoras y educadores sociales.

Además, pide el establecimiento de la figura del concierto social como marco regulador de todas las relaciones de la Administración Pública con las entidades que prestan servicios en el sector de protección de menores y reforma juvenil; la  creación de una mesa sectorial en la que estén presentes patronal, administración pública y sindicatos; así como la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores a través de la negociación de un convenio autonómico.