El sindicato exige responsabilidades por una política de personal que vulnera los derechos de los empleados públicos y desoye el Derecho de la UE
UGT Servicios Públicos vuelve a poner contra las cuerdas al Ayuntamiento de Cartagena tras una nueva derrota judicial en materia de personal. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cartagena ha declarado nula la resolución que acordó la jubilación forzosa de un agente de la Policía Local tras el reconocimiento de una incapacidad permanente total, obligando al Ayuntamiento a su reincorporación y a adoptar las medidas necesarias para su reubicación.
Para UGT, esta sentencia no puede despacharse como un episodio aislado ni como un simple error administrativo: es la constatación de un modelo de gestión de Recursos Humanos que viene chocando reiteradamente con los derechos del personal municipal y con las obligaciones legales que tiene una administración pública.
La resolución judicial aplica el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea y deja claro que el reconocimiento de una discapacidad no permite a una Administración acordar automáticamente la salida del empleado público de su puesto de trabajo. Antes de adoptar una medida de este calibre, deben analizarse y, cuando proceda, aplicarse los “ajustes razonables” que permitan al trabajador continuar en el puesto.
El sindicato considera especialmente grave que la decisión ahora anulada partiera de la propia estructura directiva municipal. La sentencia señala que el decreto por el que se acordó la jubilación forzosa del agente fue dictado el 17 de mayo de 2024 por el director general de Empleo Público e Interior.
El responsable de Administración Local y Servicios a la Comunidad de UGT Servicios Públicos, José Juan González, señala que “no estamos ante un problema de interpretación menor. Estamos ante decisiones que afectan directamente al empleo, a los derechos y a la dignidad de trabajadores y trabajadoras. Cuando los tribunales obligan una y otra vez a rectificar a la Administración, alguien tendrá que explicar qué está fallando”.
González critica que se haya optado por la vía más perjudicial para el trabajador en lugar de explorar las alternativas previstas por la legislación, incluida la adaptación del puesto y la reubicación y señala que esta forma de actuar “evidencia una preocupante falta de sensibilidad laboral y una gestión de personal alejada de los principios de inclusión, igualdad y protección de las y los empleados públicos”.
La Justicia obliga al Ayuntamiento a rectificar y el coste lo paga también la ciudadanía.
Tras la sentencia, el Ayuntamiento deberá reincorporar al agente y proceder a su reubicación, además de afrontar las consecuencias económicas derivadas de una decisión que ahora ha sido anulada judicialmente, aunque UGT ha conocido que el Ayuntamiento, lejos de escuchar a la justicia, ha recurrido la sentencia “aumentando aún más el perjuicio económico, moral y profesional al empleado público afectado”.
Para UGT, esto demuestra que las decisiones arbitrarias o jurídicamente deficientes en materia de personal no salen gratis. “Cuando un trabajador tiene que acudir a los tribunales para defender un derecho que debería estar garantizado por la propia Administración, el coste termina repercutiendo también sobre las arcas municipales”, añade González.
En este sentido, el responsable sindical recalca que la vía judicial “no puede convertirse en el mecanismo ordinario para que el personal municipal de Cartagena consiga que se respeten sus derechos. El Ayuntamiento tiene medios jurídicos, técnicos y humanos suficientes para hacer las cosas bien desde el principio”.
Otro revés judicial que se suma a un historial preocupante.
UGT recuerda que esta resolución se incorpora a una sucesión de conflictos judiciales relacionados con la gestión de personal del Ayuntamiento de Cartagena en los que las y los trabajadores han tenido que acudir a los tribunales para defender sus derechos.
La propia sentencia recuerda que la declaración de incapacidad no determina automáticamente la pérdida de la condición de funcionario. Asimismo, considera incompatible la actuación administrativa recurrida con las exigencias derivadas de la Directiva 2000/78/CE y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, particularmente en materia de discapacidad y ajustes razonables, por lo que el sindicato exige responsabilidades políticas y administrativas ante este tipo de actuaciones.
“La Administración no puede mirar hacia otro lado ante el Derecho europeo ni esperar a que sea un juez quien le recuerde que detrás de cada expediente hay una persona, una familia y un puesto de trabajo”, subraya González.
Por último, UGT Servicios Públicos exige al Ayuntamiento de Cartagena la ejecución inmediata y efectiva de la sentencia, garantizando la reincorporación del agente y su adecuada reubicación, el cumplimiento escrupuloso de la normativa europea, estatal y de la jurisprudencia aplicable en materia de discapacidad, empleo público y ajustes razonables y una revisión de los procedimientos utilizados por Recursos Humanos para evitar que vuelvan a producirse decisiones contrarias a derecho, así como el establecimiento de criterios transparentes y garantistas para la adaptación y reubicación de empleados públicos con limitaciones funcionales.
