En la reunión mantenida ayer, 20 de octubre, con la Consejera de Presidencia, María Dolores Pagán, FSP-UGT puso de manifiesto que  esta Organización Sindical cree y defiende la transparencia en la Gestión Pública pero, lo que no ampara son actuaciones arbitrarias como las que han ocurrido recientemente, ya que el derecho a la información también hay que ponerlo en relación a otros bienes jurídicamente protegibles. Desde esta Organización denunciamos la publicación del sueldo con nombres y apellidos de una parte de los funcionarios que integran la Función Pública; a juicio de UGT-FSP ha sido una medida precipitada no consensuada y sesgada, dado que no se han dado a conocer los datos de los médicos con sus retribuciones variables, de los docentes y de todos aquellos que también forman parte de la Administración Pública Regional.

Hemos solicitado a la consejera retirar del Portal de la Transparencia la publicación de la RPT, hasta que se tengan las consultas realizadas a la Agencia Estatal de Protección de Datos.

Que se revisen los casos relacionados con los daños que se hayan podido producir en relación a los derechos personales, ya que se han vulnerado derechos derivados de la violencia de género o medidas cautelares judiciales de las personas afectadas y que se arreglen, si es que se puede.

La Consejera ha informado de que había dado orden de cerrar en el Portal de la Transparencia dicha publicación, amparada en una comunicación telefónica mantenida con la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos. La cual le había manifestado que  “se cumple la Ley de Transparencia pero a la hora de aplicar la Ley Orgánica de Protección de Datos se debería haber comunicado a cada uno de los afectados el proceso que se iba a realizar dando opción a que los empleados y empleadas públicos pudiesen alegar circunstancias personales a dicha publicación”.

UGT-FSP ha manifestado que es urgente en este sentido correlacionar la Ley de Transparencia con la Ley de Protección de Datos, siendo necesario realizar una revisión a la Ley de Transparencia para no  incurrir en errores como los que se han dado.

Así mismo, hemos puesto de manifiesto que aunque se haya cerrado el acceso a la RPT el daño ya está hecho y que pondremos a disposición de los empleados y empleadas públicas los recursos necesarios para interponer ante la Ley su derecho a manifestar su desacuerdo con que se haya publicado con nombres y apellidos su retribución económica.