Miembros de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT Región de Murcia, entre ellos, el Secretario General, Antonio Martínez Peñaranda y la Responsable del Sector de Comunidad Autónoma,  han mantenido en la tarde de hoy,  miércoles 9 de octubre una reunión de trabajo con la Vicepresidenta del Gobierno de la Región de Murcia, Isabel Franco para tratar una serie de propuestas para la mejora de las condiciones laborales y de organización del trabajo en en el ámbito de su competencia así como en los servicios públicos concertados con entidades del tercer sector en sectores específicos como la protección de menores y reforma juvenil, los centros residenciales de personas mayores y los que atiendes a personas con discapacidad. Así como el seguimiento de asuntos urgentes como la aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales, el desarrollo del Pacto por la Dependencia y el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales de la Región de Murcia para 2020.

En el encuentro, FeSP-UGT ha exigido que deben aumentar la plantilla de la Consejería en tareas técnicas y administrativas para poder atender los cambios continuos en la organización, competencias y funciones en asuntos como la integración social de inmigrantes, el desarrollo de las medidas contempladas en la Ley LGTBI, la gestión del tramo autonómico del 0,7% del IRPF, la implantación del Registro Regional de Parejas de Hecho, los servicios de inspección y acreditación de centros de servicios sociales, atención a familias numerosas, los centros de protección de menores,... Reclamando que se establezca un proceso de provisión de puestos de trabajo necesarios y los apoyos necesarios para realizar eficazmente su tarea.

Así mismo han trasladado la preocupación por la situación del Instituto Murciano de Acción Social debido a la dificultades que se tienen por escasez de personal, elevadas cargas de trabajo, un sistema de contratación de sustituciones que no cumple con la obligación de atender en tiempo y forma las bajas que se producen, unas ratios de atención directa que llevan demasiado tiempo sin actualizarse, una gestión de los recursos que difiere en cada centro,… y la urgencia de tratarlos de forma negociada.

Además, han expresado la urgencia de avanzar en las medidas contempladas en el Pacto por la Dependencia 2019-2022 en especial la revisión de los copagos y al aumento de los recursos destinados al sistema y la aprobación definitiva de la nueva Ley de Servicios Sociales que garantice un sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública, garantista y orientado al bienestar de los ciudadanos. En este contexto manifesta la urgencia de instaurar mesas de negociación que revisen las condiciones económicas en la que se prestan los convenios, contratos y conciertos sociales en centros de menores, residenciales y de atención a la discapacidad para poner freno a la precariedad de los empleos en estos sectores.