También nos gustaría estar presentes en un pacto por la Sanidad pública, en el que se tenga en cuenta la necesidad de desarrollar un Plan integrado de Salud, que contemple la eliminación de los copagos y que incremente la dotación del personal del SMS, con una potenciación de la Atención Primaria. Debería incluir la paralización de privatizaciones y la recuperación de aquellos centros que fueron privatizados, la inclusión de todas las categorías profesionales en la Ley de Función Pública, ajustándose al EBEP y establecer unos estándares mínimos y ponderados de recursos sanitarios que nos acerquen a la media europea.
En cuanto a la Administración autonómica, debería existir un pacto que afiance unos servicios de calidad, apoyados en el empleo público y desterrando la eventualidad y la precariedad. Una Administración que apueste por la investigación, potenciando organismos como el IMIDA y creando otros independientes capaces de velar por el Medio Ambiente con garantías. Y eso pasaría por un nueva Ley de Función Pública de la Región más real y flexible.
Además, desearíamos ver un gran pacto en el ámbito de la Administración Local, tan dispar entre diferentes municipios, para logar que sea más sostenible y con mejoras para el siglo XXI, dando estabilidad al personal interino y acabando con la contratación fraudulenta y la excesiva carga de trabajo que, finalmente, en lo que repercute es en la calidad de los servicios, ofreciendo más formación y más prevención de riesgos, en especial a colectivos de emergencias y cuerpos de seguridad como policía o bomberos.
Llegados a este punto, tampoco debemos olvidar sectores tan importantes en la comunicación universal como son el postal y su implicación con el sistema público de información, donde es esencial la recuperación del 100% de lo recortado en prepuestos para que la empresa pública postal pueda ser viable y de calidad.
Y todo ello sin olvidar la carrera y promoción profesional para todos y todas, incluido el personal interino; ubicar a los técnicos superiores en el lugar que les corresponde, los Grupos B; y la recuperación de la jornada semanal de 35 horas, así como la implantación gradual del teletrabajo, que supondría la generación de empleo en las administraciones públicas, y un importante avance en la conciliación de la vida laboral, social y familiar.
Podríamos seguir durante horas. Muchas son propuestas que emanan de la propia ciudadanía, propuesta que se deberían tener en consideración, propuestas que llevan detrás una carga importante de ilusión y de proyectos de futuro, que incluyen una sociedad socialmente más justa, más igualitaria y, cómo no, más adaptada a nuestros tiempos. Estas podrían ser las bases de la Administración regional no ya del futuro, sino del presente, lo que nacería del trabajo de todas y todos los empleados públicos regionales.
Ahí lo dejamos, por si alguien o alguna formación tiene la madurez política suficiente para aceptar que una sociedad de auténtico Estado del Bienestar debe crearse por todas y todos; con pactos realizables, dotados económicamente, y no frugales firmas y fotos en medios que no nos llevan a ninguna lugar. Una sociedad en la que se tengan en cuenta las opiniones de los que día a día, trabajamos mano a mano con las y los ciudadanos, conocemos sus preocupaciones e intentamos solucionar sus necesidades en primera persona.
Artículo de opinión de Antonio Martínez Peñaranda, Secretario General de FeSP-UGT Región de Murcia