Los responsables de UGT y CCOO en la Administración General del Estado mantuvieron una reunión con el Director General y el Subdirector de Relaciones Laborales de Función Pública, con el objetivo de impulsar la negociación en la Administración del Estado que, a pesar de la existencia de diferentes reuniones, se percibe como paralizada.
En esta reunión se han planteado todos aquellos temas en los que, desde el punto de vista de UGT y CCOO, no sólo no hay avances en la negociación sino que existe un claro incumplimiento en los compromisos que adquirió el Gobierno con el personal de la Administración del Estado en las Mesas de Negociación del pasado mes de julio. La devolución de la totalidad de la paga extraordinaria de 2012 o la restauración del derecho a cobrar el 100% de las retribuciones en situación de Incapacidad Temporal, son los más significativos.
Función Pública se ampara en la falta de directrices políticas y la situación actual de un Gobierno en funciones, algo que para UGT y CCOO no suena sino a excusa de mal pagador de ese Gobierno, al que cada día vemos tomar decisiones, incluso de mayor calado. Así se lo hemos hecho saber, manifestando que en modo alguno podemos aceptar esas disculpas y que seremos beligerantes para exigir el cumplimiento de lo que, incluso, está previsto en los presupuestos de este año.
También le hemos trasladado al Director General la decepcionante sensación que produce la falta de perspectivas respecto a temas que deben abordarse en la Mesa de Negociación AGE o en el ámbito del Convenio Único. No percibimos intención, por parte de Función Pública, de alcanzar acuerdos en las cuestiones que tenemos abiertas, incluso algunas actuaciones de la Administración podemos calificarlas de desprecio hacia el modelo de negociación colectiva: la filtración de la distribución de plazas en la negociación de la Oferta de Empleo Público; la ausencia de datos económicos para la negociación del IV Convenio Único; o el anuncio de la convocatoria de un concurso de personal laboral con un simple correo electrónico, son algunos de los ejemplos que hemos trasladado a la Dirección General de Función Pública.
Es en este apartado donde –además de reconocer los errores- hemos encontrado mayor receptividad yalgún tipo de compromiso. De entre ellos cabe destacar la apuesta por continuar el trabajo para alcanzar un acuerdo en materia de movilidad de personal funcionario; abordar la negociación de ese concurso de traslados anunciado; o dar un impulso real a la negociación del Convenio Único, en todos aquellos aspectos que no requieran “decisiones políticas”. También se han asumido convocatorias de las Comisiones Técnicas de Prevención de Riesgos y de Responsabilidad Social, a la que debe añadirse la de Igualdad que ya había sido convocada.
Queda claro que la Dirección General de Función Pública no abordará un proceso de discusión sobre la restauración de nuestros derechos, eliminados de un plumazo, y se mantiene “a la espera” de instrucciones de este Gobierno en funciones del Partido Popular que sólo se acuerda de sus empleadas y empleados públicos en las campañas electorales. Pero también hemos dejado claro que UGT y CCOO continuarán exigiendo al Gobierno, aunque sea en funciones, la devolución inmediata de esos derechos que nos quitaron de manera injusta.
Sin duda el aspecto más positivo de la reunión es que la actuación conjunta de UGT y CCOO ha conseguido ese compromiso de la Dirección General de Función Pública con la reactivación de los foros denegociación en los que se abordan las cuestiones más concretas del personal de la Administración del Estado. La negociación del Convenio Único, la movilidad de personal funcionario, los concursos de traslados de personal laboral, la prevención de riesgos laborales; la igualdad… son aspectos fundamentales de nuestros derechos y es en este marco de negociación donde es posible su mejora.
Desde luego no es suficiente con ese compromiso. Ahora será necesario mantener la presión para lograr su cumplimiento y avanzar de forma efectiva en esas negociaciones. En ese trabajo CCOO y UGT–primer y segundo sindicato en las administraciones públicas y que configuran una ámplia mayoría sindical en la Administración del Estado- están plenamente comprometidos.
