Se concentrarán el jueves, 1 de junio, entre las 12:00 y las 14:00 horas frente a la sede de Función Pública en C/ María de Molina, 50, Madrid. Está previsto hacer declaraciones a los medios de comunicación a las 12:30h.
Los sindicatos, que representan a cerca del 74% de las empleadas y empleados públicos, reclaman un salario justo, más empleo público y la recuperación de derechos.
La concentración de delegadas y delegados de CCOO y UGT ante la Dirección General de la Función Pública, convocada el próximo 1 de junio, marca el inicio de una serie de movilizaciones en la Administración General del Estado con las que se pretende hacer visible el empeoramiento de las condiciones de trabajo del personal de este ámbito. Una situación que se traduce en un deterioro de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía, que en algunos casos están al borde del colapso.
Y es que los datos son abrumadores: desde 2010 se ha reducido la plantilla en un 14%, pasando de 231.157 a 198.594 empleados y empleadas públicas en el ámbito de la Administración General del Estado. Y avanzamos hacia un escenario aún peor, ya que la previsión de jubilaciones en los próximos cinco años asciende a 26.945 efectivos menos, en una plantilla ya envejecida, pues la mitad tiene más de 50 años y solo 1.200 son menores de 30″. Por ello, CCOO y UGT reclaman una oferta de empleo público extraordinaria, y cifra en 30.072 las incorporaciones de personal urgentes en un informe sobre ámbitos en situación crítica de la Administración General del Estado, hecho público en abril.
El incremento del empleo público debe ir acompañado de una recuperación retributiva. Tras el 5% deducido en las nóminas en 2010, solo en 2016 se produjo una subida de un 1%, tras cinco ejercicios de congelación en los sueldos. En total, este personal sufre cerca de un 13% de pérdida salarial, entre recortes, congelaciones y subida del IPC.
UGT y CCOO recuerdan que, a pesar de la insistencia del Gobierno en la recuperación económica, solo se han devuelto al personal de la Administración General del Estado parte de los derechos arrebatados en estos años y exige, entre otros, que se elimine la reducción salarial durante los periodos de baja médica. Los sindicatos también reclaman el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público que, tras diez años desde su aprobación, aún tiene pendiente la regulación de materias como carrera profesional, clasificación profesional o sistema retributivo.
La situación denunciada por el sindicato viene de los recortes producidos en los años 2010 y 2012, justificados por los gobiernos de Zapatero y Rajoy como medidas «necesarias» para salir de la crisis económica. Ahora, el anuncio por parte del actual Ejecutivo de mejora de esta situación debe tener reflejo en los derechos del personal público, que es quien garantiza la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Estas razones justifican sobradamente la movilización que se inicia con la concentración de delegados y delegadas convocada para el próximo 1 de junio y tendrá su continuidad en diferentes provincias en los próximos meses.
