Con esta nueva concentración exigen al Gobierno que aborde de manera urgente la negociación para que este personal público recupere de manera inmediata los derechos perdidos con la excusa de la crisis; se desarrolle el II Acuerdo de mejora del empleo público, firmado el pasado mes de marzo, y se impulse la negociación del IV Convenio Único así como el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público en esta Administración.

José Manuel Vera y Carlos Álvarez, responsables de ambas organizaciones para la Administración General del Estado, coinciden en la necesidad de generar empleo público que permita la prestación de los servicios imprescindibles para la ciudadanía —durante los últimos años se han perdido más de 30.000 puestos de trabajo— y la recuperación urgente de los derechos laborales del personal que presta estos servicios públicos en la Administración del Estado. Destacan que las empleadas y empleados públicos siguen sufriendo el recorte salarial durante las bajas por incapacidad temporal y es urgente que recuperen el 100% de su sueldo cuando están de baja.

Los sindicatos exigen también el desbloqueo del IV Convenio Único del personal laboral, que lleva más de dos años sin avances significativos, y el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo, entre otras cuestiones, el derecho a la carrera profesional o la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones.

CCOO y UGT reclaman además la adopción de medidas adicionales que acaben con el permanente deterioro de las condiciones retributivas del personal de la Administración General del Estado. Para ello exigen un incremento lineal para todo el personal de la AGE, que sitúe el salario mínimo en 1.200€ mensuales, una dotación presupuestaria para iniciar el establecimiento de un primer tramo de carrera horizontal y la homologación inmediata de las retribuciones del personal laboral con respecto a las retribuciones mínimas de los grupos de personal funcionario.

Para ambas organizaciones, estas medidas son imprescindibles para revertir las políticas del Gobierno contra los servicios públicos de la Administración General del Estado que, recuerdan, garantizan con criterios de calidad, igualdad, eficacia y objetividad derechos de la ciudadanía.