ORES
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio con todas las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla para examinar las características y dotación de las residencias de mayores.
El objetivo es detectar las dificultades existentes para que estos ciudadanos accedan plazas residenciales. Esta es la queja más frecuente que recibe la Institución, seguida de las que plantean la escasez de personal y medios que redundan en la pérdida de calidad de la atención a las personas mayores que residen en estos centros.
La institución ha enviado un cuestionario a todas las administraciones competentes en el que solicita conocer el número y tipología de residencias que existen en cada comunidad autónoma; el número de personas que se encuentran en lista de espera para la asignación de plazas, y las personas de la lista de espera que tienen reconocido otro servicio con carácter transitorio.
Asimismo, les preguntan por los requisitos y estándares sobre recursos humanos exigidos para atender a personas en situación de dependencia.
UGT valora positivamente esta medida. El sindicato ha enviado cartas al defensor del pueblo donde expresa su preocupación por la situación en que se encuentra la Atención a las Personas Dependientes.
UGT pide a la Institución que inste a los poderes públicos a cumplir con su obligación de garantizar que los fondos públicos con los que se contrata la prestación de los servicios de la Dependencia, cumplan su objetivo tanto en la calidad de un servicio como en garantizar la estabilidad laboral.
La preocupación de UGT por la situación de las Residencias se ha visto agravada hace escasos días por lo sucedido en un centro de Aravaca, donde ocho personas -siete ancianos y una trabajadora de la residencia- han resultado intoxicadas por humo, tres con pronóstico moderado y cinco leves, tras un incendio que ha destruido las instalaciones.
En numerosas ocasiones, FeSP-UGT ha convocado medidas de protesta para denunciar la pasividad de las Administraciones Públicas, desde el Gobierno Central a los Ayuntamientos pasando por las Comunidades Autónomas, en el control efectivo de los conciertos que estas llevan a cabo en relación con las empresas adjudicatarias de los servicios relacionados con atención a los mayores y/o a personas en situación de dependencia.