El sindicato acumula ya cuatro sentencias favorables, todas firmes, que mejoran las condiciones laborales y recuperan derechos para los trabajadores del ámbito sanitario y Sociosanitario.
El pasado 8 de junio, el Tribunal Supremo reconocía a UGT Servicios Públicos que la empresa de distribución farmacéutica, Alliance Healthcare no debía aplicar un ERTE en pandemia cuando su plantilla era personal esencial. Se trataba de una sentencia firme, tras dos años de periplo judicial, en la que el Tribunal Supremo desestima el Recurso de Casación interpuesto por la empresa. En su día, UGT Servicios Públicos se opuso firmemente a estas pretensiones de la empresa, pues iba en detrimento de los derechos de su plantilla.
Una semana después, el 16 de junio, el Tribunal Supremo, nuevamente, da la razón al sindicato, sin posibilidad de nuevos recursos y declara nulo el acuerdo firmado por Adestas Dental y CCOO que obligaba a devolver las horas de trabajo que no realizaron por el cierre de instalaciones durante el confinamiento por Covid-19. UGT Servicios Públicos logra así que la plantilla de Adeslas dental, más de 3.000 empleados y empleadas, no tengan que recuperar los 46 días de trabajo que no pudieron realizar por el cierre de sus centros de trabajo provocado por la crisis sanitaria del Coronavirus. Además, aquellos que ya hayan recuperado parte de esas jornadas deberán ser compensados.
El 22 de junio, UGT Servicios públicos gana otra sentencia en la Audiencia Nacional que obliga a las empresas del Sector de la Dependencia a subir el sueldo de sus plantillas un 6,5%. La sentencia reconoce el derecho de las trabajadoras y trabajadores a que se les aplique la cláusula de revisión salarial automática contenida en el VlI Convenio de la Dependencia. Gracias a esta sentencia se incrementarán todos los conceptos retributivos de 2022 en la cuantía correspondiente al porcentaje de índice de precios al consumo (IPC) real de 2021, un 6,5%. Ademas, la sentencia no solo reconoce el aumento salarial para las plantillas sino que, a instancias de UGT Servicios Públicos, ha impuesto a cada patronal demandada una sanción de 1.000 euros por “conducta procesal temeraria”.
