La resolución recuerda que, en un contexto como el actual, el Servicio Postal Público prestado por Correos, juega “un indudable y valioso papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal, como autonómico, provincial y, especialmente, municipal (sin olvidar la proyección internacional del mismo)”, y que lo hace atendiendo diariamente todas las localidades y municipios del Estado y garantizando la prestación del servicio postal público a la totalidad de los núcleos de población al margen de la rentabilidad económica.

Sin embargo, en la actualidad la Dirección de Correos está aplicando una política de desmantelamiento del servicio público postal, lo que a juicio de UGT Servicios Públicos, supone poner las bases para una futura privatización de la mayor empresa pública del país. 

La resolución recuerda el recorte en la financiación del Servicio Postal Universal: (con 110 millones en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, muy lejos de los 220 millones necesarios, y con una previsión de 100 millones menos en el futuro Plan de Prestación del Servicio Postal Universal; el trasvase de la actividad a la filial (Correos Express) y la externalización de los servicios.; la cesión, regalo o mala venta del patrimonio inmobiliario histórico, o la quiebra económica a la que se le está llevando (-623 millones previstos para 2023) para vender que Correos, desde lo público, no funciona.

Además, hay que añadir la reducción de la red postal, con la supresión de rurales y el cierre de centros y oficinas, y el recorte de empleo (suprimiendo puestos, reduciendo contratación) y empeorando su calidad (36% de temporalidad, 25% de tiempo parcial). 

“El resultado es que en todas y cada una de las de las provincias del país se han suprimido puestos de trabajo.”, constata la resolución aprobada, que añade: “Correos está llevando a cabo un recorte en la contratación que está dejando sin cubrir el empleo estructural y cualquier tipo de permiso o licencia de sus trabajadores/as. Como consecuencia, la prestación del servicio público postal bajará su calidad drásticamente”.

El texto concluye afirmando que estas decisiones se han adoptado por la Dirección de Correos sin que, previamente, se haya consultado o informado por vía alguna a las administraciones locales, provinciales o autonómicas, a pesar de afectar directamente a los intereses de los ciudadanos/as.