UGT Servicios Públicos ha remitido comunicaciones a la ministra de Trabajo y Seguridad Social y a la ministra de Igualdad para trasladar su preocupación ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo (n.º 1198/2025), que anula la disposición del Real Decreto 893/2024 relativa a la evaluación de riesgos en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Esta decisión supone un grave retroceso en la protección de un colectivo altamente feminizado y expuesto a riesgos laborales, que desempeña su labor en entornos no controlados y con elevada carga física y emocional. La disposición anulada reconocía la necesidad de realizar evaluaciones de riesgos presenciales en los domicilios y adaptar los medios de trabajo a cada intervención, medidas que eran esenciales para garantizar condiciones seguras en el ejercicio profesional del SAD.
UGT Servicios Públicos considera imprescindible abrir de manera urgente un proceso de diálogo con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Trabajo que permita establecer un marco normativo específico de prevención en el sector de cuidados. La sentencia no puede convertirse en una excusa para rebajar obligaciones preventivas ni para que las empresas externalizadoras reduzcan recursos a costa de la salud de las trabajadoras. El sindicato insiste en que la prevención de riesgos laborales debe realizarse en el lugar real de trabajo y con recursos adecuados, contemplando riesgos ergonómicos, biológicos y psicosociales. El SAD no puede seguir funcionando con criterios preventivos generales pensados para otros sectores, porque la realidad del cuidado domiciliario es distinta y requiere medidas específicas.
El sindicato recuerda que las profesionales del SAD desempeñan un servicio esencial dentro del sistema público y atienden a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia. Sin embargo, siguen enfrentándose a elevada precariedad laboral, sobrecarga física y carencia de medidas preventivas eficaces. UGT exige una solución normativa inmediata y negociada que garantice la protección efectiva de este personal y reafirma su compromiso en la defensa de condiciones dignas y seguras en el sector de cuidados. Cuidar no puede seguir siendo una actividad laboral de riesgo ni un ámbito ignorado por la prevención de riesgos laborales.