La secretaria del Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, Maribel Loranca, ha defendido ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado Territorial, Político y Social por la Educación, en el que estén implicados todos los integrantes de la comunidad educativa.
En su intervención en el foro parlamentario en el que se ha empezado a trabajar para tratar de conseguir un pacto educativo, Loranca ha defendido que es el momento de plantear una reflexión “crítica, en profundidad y sin precipitación” que permita alcanzar un diagnóstico certero, a fin de realizar propuestas de mejora eficaces que permitan conseguir la máxima calidad salvaguardando en todo momento el principio de equidad».
Para ello, según ha precisado, ha de tenerse en cuenta un conjunto de factores entre los que figuran la situación educativa reciente de nuestro país y el momento de crisis, las diferencias sociales y económicas del alumnado a fin de compensarlas, o las comparaciones con los indicadores de los organismos internacionales. También sería necesaria una cuantificación precisa de los recursos educativos necesarios.
La responsable del Sector de Enseñanza de FeSP-UGT reclamó que la educación se sitúe en el centro de la agenda política y sea considerada una prioridad de Estado, “por lo que entendemos que este Parlamento tiene en sus manos lograr un acuerdo de mínimos que dé estabilidad a nuestro sistema educativo”.
Maribel Loranca recordó el enorme retroceso padecido por la educación en los últimos años y el deterioro producido por los recortes llevados a cabo. Estos siete años de retroceso y recortes educativos han supuesto, en primer lugar, una menor financiación de la educación española. Desde 2011 se han dejado de invertir 3.100 millones de euros, que alcanzan la cifra de 6.500 si se añade el importe restado con la aplicación de las medidas de racionalización del gasto público educativo y estabilidad presupuestaria. El PIB en educación ha pasado del 4,9% de 2010 al 4,1% de 2015, lo que nos ha alejado de la media de la UE (4,9%) y de los países de la OCDE (5,3%).
Además, el sistema educativo cuenta con menos profesores, que además tienen peores condiciones sociolaborales. Las medidas aprobadas por el Gobierno han supuesto la destrucción de alrededor de 35.000 puestos de trabajo docente. El 25% del profesorado de la enseñanza pública no universitaria es interino. Por ello, resulta urgente abordar el problema de este colectivo con un plan de consolidación de empleo.
Loranca también se ha hecho eco del malestar existente entre el profesorado, toda vez que debe enfrentarse a continuas reformas y retos, sin que se contemplen ni sus condiciones laborales ni se regule el Estatuto del Personal Docente.
Además, la implantación de la LOMCE, ha añadido –“una ley que se impone sin el apoyo de la comunidad educativa, rechazada por la mayoría de este Parlamento y con continuas modificaciones en su implantación”-, lejos de resolver los problemas reales, “ha generado otros y está provocando la pérdida de conquistas educativas como la igualdad de oportunidades en la escolarización obligatoria y la cohesión social”. La LOMCE, prosiguió, es una ley que entiende la calidad educativa exclusivamente por resultados, con un currículo centralizado y uniforme y con pruebas estandarizadas, sin tener en cuenta otros aspectos como las características del alumnado, los procesos o el entorno”.
Todo ello ha llevado a la responsable de Enseñanza de FeSP-UGT a constatar que, con anterioridad a cualquier pacto, es imprescindible que se reviertan los recortes y se paralice la LOMCE. En este sentido, precisó el “flaco favor” hecho por el Gobierno a la Subcomisión del Congreso con la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto un amplio acuerdo parlamentario que pretendía paralizar el calendario de aplicación de la LOMCE.
También ha puesto de manifiesto el efecto en la universidad pública de la crisis económica y las políticas educativas, que han reducido drásticamente los presupuestos y han provocado un descenso muy significativo en las plantillas. Al igual que la Formación Profesional, agregó, la universidad es vital para cambiar el modelo productivo de nuestro país. Este cúmulo de circunstancias, a las que se suma la ausencia de negociación colectiva, ha llevado a UGT y a otras organizaciones del sector, a convocar una huelga general en la Enseñanza el 9 de marzo.
Maribel Loranca enumeró a continuación las propuestas básicas que plantea UGT para ese Pacto de Estado por la Educación, que debería ser a un tiempo territorial, social y político, y ha fijado como prioridad la consideración de la educación como servicio público y como un derecho de toda la sociedad. Además, ha hablado de la necesidad de una estabilidad normativa y de una lealtad institucional entre las diversas Administraciones que gestionan la educación; del establecimiento de un suelo mínimo de inversión pública para garantizar los servicios esenciales; de una educación en valores laicos y cívicos, o del combate contra el fracaso escolar y el abandono escolar temprano.
El elemento decisivo, sin embargo, debe ser la consideración del profesorado como motor del cambio educativo. “Un sistema de calidad”, ha defendido la secretaria del Sector de Enseñanza de FeSP-UGT, “precisa de un profesorado que ha de estar bien formado, reconocido socialmente, con una situación laboral digna, bien remunerado, motivado, con recursos apropiados, con el reconocimiento de su carrera profesional y apoyado por los poderes públicos”.
Maribel Loranca animó a los parlamentarios a que su trabajo sea eficaz y los emplazó a llegar a un acuerdo de mínimos que dé estabilidad al sistema educativo y sitúe a la educación, como una prioridad de Estado, en el centro de la acción política,. “En esta andadura nos encontrarán, y estamos dispuestos”, concluyó, “a seguir trabajando para conseguir el Pacto de Estado territorial, político y social por la Educación que todos demandamos”.
