• Desde 2010, el Sistema Nacional de Salud no se ha tenido en cuenta como motor en la creación de empleo de calidad, aumentado la precariedad de muchos trabajadores sanitarios; tampoco se ha tenido en cuenta como generador de riqueza, y los continuos recortes han socavado los principios de universalidad, equidad y gratuidad.

 

• Todas las CCAA se han visto afectadas, con falta de material, de profesionales sanitarios dentro de sus plantillas orgánicas y de centros sanitarios, teniendo que recurrir a las bolsas de empleo temporal, destacando el caso de Madrid como el prototipo de los recortes que ha sufrido la Sanidad.

 

• Este pacto debe garantizar la sostenibilidad del sistema y su preservación como instrumento de cohesión social y modelo público a todos los niveles.

Con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra hoy, 7 de abril, la Unión General de Trabajadores reclama un Pacto de Estado por la Sanidad, en cuanto finalice el estado de alarma derivado de la crisis del coronavirus, que garantice la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y su preservación como instrumento de cohesión social y redistribución de la riqueza, de forma que las personas con menos recursos económicos vean garantizada una asistencia sanitaria de calidad. Si la salud es algo valioso necesitamos un modelo público que garantice el derecho a la asistencia sanitaria a todos los niveles, con una normativa que determine su naturaleza, principios y modelo propio de financiación finalista, con el fin de garantizar su suficiencia.

Además, el sindicato exige la derogación del Real Decreto-ley 16/2012 y la normativa acompañante de esta reforma, que lo único que ha hecho es recortar nuestro Sistema Nacional de Salud de manera continua; también la normativa sobre las diversas formas de gestión, en especial la Ley 15/1997, así como la derogación de la normativa sobre la colaboración público-privada.

Para UGT, es fundamental asegurar la suficiencia de todas y todos nuestros profesionales, en cada uno de los niveles; impulsar la I+D+i en esta materia; promover un modelo de participación social; y desarrollar reglamentariamente las funciones para la Alta Inspección. También es imprescindible garantizar un empleo de calidad porque la eficiencia económica no siempre conlleva la calidad necesaria en la asistencia.

El coronavirus ha puesto de manifiesto el deterioro que ha sufrido nuestra Sanidad

 

La crisis económica de 2008 recortó los presupuestos en las políticas en las que se sustenta nuestro Estado del Bienestar, siendo las más afectadas la educación y la sanidad. El dinero destinado a esto último solo está recuperado al nivel de 2010, con casi medio millón más de habitantes y con una recuperación económica desde 2014 que no se ha visto reflejada en los presupuestos sanitarios.

Pero, aunque en el último Barómetro Sanitario realizado por el INE en 2018 casi la mitad de los españoles (47,10%) opinaba que la sanidad pública funciona bien, destacaban que eran necesarios algunos cambios, y estos no se han producido.

El Sistema Nacional de Salud no se ha tenido en cuenta como motor en la creación de empleo de calidad y generador de riqueza, y esto ha producido pérdida de miles de puestos de trabajo y la precarización de las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios; el cierre de algunos centros, unidades o servicios; el incremento de las listas de espera; la prevención y la salud pública, especialmente, han perdido peso en la estructura sanitaria; la atención primaria ha visto reducido su presupuesto; la satisfacción de los usuarios cae; las urgencias siguen colapsadas por los problemas generados en la Atención primaria.

Además, el gasto en conciertos sanitarios apenas ha tenido reducción y el gasto sanitario de los hogares ha crecido mientras que se reducía el de las administraciones públicas; y la privatización del sector sanitario, ya que los asalariados en actividades sanitarias y de servicios sociales crecen en mayor medida en el sector privado en detrimento del sector público.

Tenemos una Sanidad con menos principios

Para UGT, estos continuos años de recortes han visto disminuir considerablemente los principios de universalidad, equidad y gratuidad en el acceso y la calidad de las prestaciones de nuestro sistema sanitario, a través de la desigualdad, por la fragmentación de la Cartera de Servicios y la existencia de subsistemas de provisión privada de prestaciones sanitarias financiados con fondos públicos; los copagos en el momento del acceso a las prestaciones; el deterioro del dispositivo en los servicios de asistencia sanitaria y en los de Salud Pública; y el aumento de las listas de espera en todas las CCAA.

El sindicato considera que el Sistema Nacional de Salud debe ser un instrumento público de solidaridad, y  un elemento neutralizador de la brecha social, que sirva para luchar contra las desigualdades entre las personas, pero estos derechos se han visto mermados por una economía de prosperidad y años consecutivos de crecimiento económico (2015-2019), una vez pasada la crisis, donde se ha continuado empobreciendo a amplios sectores de la ciudadanía y cuyos efectos en relación con la incidencia de las enfermedades y la mortalidad justifican sobradamente actuaciones de planificación sanitaria que den respuesta a esa realidad; o por la reducción de la recaudación de ingresos fiscales y recortes presupuestarios, desde 2010, que incrementan la insuficiencia presupuestaria y los problemas estructurales del SNS.

Además, se ha producido un cíclico y creciente incremento del gasto sanitario, especialmente en farmacia; así como en el afrontamiento del reto que representa la tecnología y los nuevos tratamientos basados en la medicina e investigación genómica y las terapias avanzadas, que requiere disponer de los recursos adecuados.

Las CCAA, al límite

Todos estos recortes han puesto contra las cuerdas el sistema sanitario de todo el país. Todas las Comunidades Autónomas han sufrido esta gran crisis de políticas de austeridad, como es el caso de Madrid, donde el gasto sanitario por habitante ha quedado en 1.254 euros, siendo el promedio en otras regiones de 1.370 euros; hay 0,15 camas por cada 1.000 habitantes, frente a 0,35 del conjunto del país y el 1,1 de promedio que tienen la OCDE; el recorte de personal desde 2010 supone 4.150 profesionales menos; y además el 33% de la plantilla sanitaria son empleados temporales.

La Unión General de Trabajadores lleva movilizándose durante una década en todo el país, consiguiendo parar, en muchas ocasiones, situaciones como nuevas privatizaciones, cierre de centros y hospitales, cambios de horarios, etc.

Pero ahora, el coronavirus, ha puesto contra las cuerdas un sistema sanitario que ya venía trabajando en condiciones normales al límite. La respuesta ante circunstancias excepcionales como las que ha puesto sobre la mesa la pandemia provoca inevitablemente un aumento de tensión en las costuras del Sistema que se ha visto más desbordada en aquellas CCAA donde la privatización del SNS había sido más importante.

La falta de planificación ha llevado a que los hospitales tengan que gestionar esta crisis con serios problemas de desabastecimiento, que agrava aún más la falta de personal, ya que como consecuencia de la falta de material protector para los trabajadores sanitarios (EPIS), muchos de ellos se están infectando con el virus. La asistencia telefónica está saturada. Una persona que sospecha estar infectada puede tardar varios días en contactar con alguien por teléfono, o no contactar nunca. Las consecuencias de esto son que muchísimos enfermos no son detectados o se ven en la necesidad de acudir al servicio de urgencia de un hospital o de un centro de salud, lo que evidentemente hace imposible cumplir las cuarentenas.

Pero, además, UGT denuncia tanto el escaso número de camas disponibles en las UCI, como el insuficiente número de profesionales que sepan manejar un respirador o prestar servicios en UCI, solo con respiradores no se puede prestar atención, los profesionales son imprescindibles. Además, los datos sobre el número de profesionales sanitarios infectados solo se facilitan desde algunas CCAA, y pocas especifican las categorías profesionales. Resultan preocupante también las derivaciones de pacientes de hospitales públicos a privados, así como la información sobre la situación de las residencias, donde ha habido una gran cantidad de decesos. Las quejas tanto de familiares como de los trabajadores han sido abundantes, y desde UGT hemos venido denunciando tanto la situación actual, como la situación previa de falta de personal en las residencias, lo que ha contribuido a la dificultar la gestión de la pandemia en estos establecimientos.

Por todo ello, se hace imprescindible un Pacto de Estado por la Sanidad, que garantice el abastecimiento de los recursos, el cumplimiento de los derechos de todos y todas las profesionales del sector, y la sostenibilidad de un sistema que supone uno de los pilares básicos de nuestro Estado de Bienestar, como se ha podido comprobar durante esta crisis.