La no deregación de estas disposiciones sigue dejando abierta la puerta a  posibles arbitrariedades con la utilización de esta figura, suponiendo poner en cuestión los principios de objetividad, neutralidad y trasparencia que  deben regir las Administraciones. UGT mantiene que proteger la estabilidad  del personal en el ejercicio de sus funciones es la mejor garantía de una  Función Pública objetiva.

Hasta agosto de 2020, más de 2.500 trabajadores y trabajadoras laborales han sido despedidos por esta vía; situación totalmente incongruente ya que, de un lado, en julio de este año, el Gobierno y los sindicatos firmaron un  acuerdo para terminar con la temporalidad en las Administraciones y de  otro, ayer mismo, el Ejecutivo reconocía la falta de recursos en los Servicios  Públicos, incrementando la tasa de reposición de efectivos. No obstante,  UGT sigue manteniendo que es fundamental eliminar esta tasa en todas las  Administraciones para asegurar una atención adecuada a la ciudadanía.  

Desde UGT consideramos que el Gobierno no debe dar de lado a los  empleados públicos, pues mantener estas disposiciones supondría  perpetuar una legislación que facilita la destrucción de empleo público.