Es el momento de dejar que crear alarmas innecesarias en relación al cumplimiento de objetivos. Las revisiones al alza de los objetivos de déficit no se han producido en 2017, año en el que el límite se ha mantenido en el 3,1%. Y la Administración Pública se encuentra en disposición de cerrar el ejercicio incluso por debajo de ese umbral. Algo inédito. España está a un paso de cumplir el Pacto de Estabilidad de la UE tras llegar a registrar un déficit del 11% del PIB en 2009. El trayecto no ha sido fácil ni indoloro. La reducción del déficit, inevitable y necesaria, se ha producido con drásticos recortes del gasto público, que han deteriorado el Estado de bienestar. Los ayuntamientos son, con diferencia, el sector más saneado. Cerrarán este año con un superávit en torno al 0,5%, lo que permitirá mitigar los desvíos que registrarán la Administración central y la Seguridad Social, ambas gestionadas por el Gobierno del PP.
Los empleados y empleadas públicas de este país fueron los primeros en ser sacrificados en función del déficit, cuando en 2010 vieron sus salarios recortados en un 5% y en 2012 se les suprimió una paga extraordinaria. Este esfuerzo económico vino acompañado de una sangría de empleo a consecuencia de la práctica congelación de la oferta pública. Por ello, es momento de ponernos en pie y aplaudir a los dos millones y medio se servidores públicos que pese a todas las precariedades coyunturales de los últimos ocho años han estado ahí manteniendo la calidad de nuestros servicios públicos. Y no solo aplaudir, claro está. También restituir derechos y salarios para empezar a hacer justicia a este esfuerzo.
Desde UGT hemos trabajado muy duro para lograr el mejor de los Acuerdos posibles en el ámbito de la Función Pública. Ahora nos toca. Al Banco de España le recordamos que la subida salarial que marca este acuerdo está vinculada al PIB y al cumplimiento del déficit, de modo que la subida del 9% en tres años se dará en un escenario de máximos. No se alarmen ni difundan la idea de que la recuperación de los trabajadores implica un desfalco o un peligro, no sean tan mezquinos. Es el momento de que nuestras instituciones económicas dejen de poner palos en la ruedas de la recuperación de trabajadores y pensionistas. Es el momento de repartir riqueza; los índices macroeconómicos indican que es posible. La Unión General de Trabajadores seguirá luchando por ello.