UGT pide la aprobación de una Ley Básica Estatal de Servicios Sociales que proteja los derechos de los trabajadores e implante una red de sistemas públicos de servicios sociales de calidad y suficientes. El sindicato ha denunciado en múltiples ocasiones la precariedad laboral sistemática de las personas profesionales de los Servicios Sociales, que supone un peligro para el colectivo y una falta de calidad en el servicio.
UGT Servicios Públicos ha mantenido una reunión con Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales y con Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad, para trasladarles la preocupante situación en la que se encuentran las personas trabajadoras del ámbito de los servicios sociales. El sindicato ha puesto en relieve la precariedad laboral sistemática de las personas profesionales de los Servicios Sociales que, además, son las que únicamente sostienen -por su conciencia social de prestación de servicio esencial y a costa de sus derechos laborales- un sistema alarmantemente precarizado.
UGT Servicios Públicos ha recordado al ministerio que es imprescindible volver a hablar de una Ley Básica Estatal que fije los criterios e intensidades mínimas de protección y asegure la calidad de los servicios y prestaciones, junto con el establecimiento de los niveles de un catálogo de servicios para los usuarios. Una ley fundamental que ofrezca protección a los y las profesionales del sistema; que contenga la financiación que realmente necesita y que recoja cuestiones tan importantes como es el aseguramiento de la calidad para las personas trabajadoras del sector, en puntos tan importantes como, los requisitos profesionales de la red del sistema público de servicios sociales, (formación, especialización y acreditación), las ratios de atención y la calidad en el empleo.
Además, UGT urge a los grupos parlamentarios a que, de una vez por todas, se materialice una norma estatal básica que haga posible que se adopten criterios comunes de calidad en toda la red integrada de sistemas públicos de servicios sociales, relativos a los recursos materiales, la calidad y protección en el empleo y la dignidad en el trato, en aras de asegurar la accesibilidad universal de la ciudadanía a los mismos y, en consecuencia, la igualdad y cohesión social en todo el territorio.
Para UGT, el objetivo es fijar un sistema público de servicios sociales que garantice tanto el derecho a la prevención, atención y cobertura de las necesidades más básicas de las personas, como la protección de las trabajadoras y trabajadores de todos los sectores que integran los servicios sociales, pues estamos ante uno de los pilares básicos del estado del bienestar sin medios ni recursos económicos y humanos suficientes.
En cualquier caso, conscientes de las dificultades que pueda suscitar una ley de estas características y debido a la premura y prioridad que esta situación requiere, los responsables sindicales han señalado que instan a la firma de un Pacto de Estado y a la adopción de acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales para que, a todos los niveles de la administración con competencias en el ámbito, se garantice lo siguiente:
-La urgente modificación de la Ley de Contratos del sector público y la ley de Desindexación, pues ambas actúan como palanca de freno de los derechos y atención de las personas usuarias y de los derechos y protección de los y las trabajadoras que prestan sus servicios a través de la gestión indirecta.
– La necesidad de un cambio estructural en el sistema, que garantice la accesibilidad y la calidad de los servicios sociales para las personas beneficiarias; junto con el aseguramiento de unas condiciones de trabajo dignas.
En el caso de que las Administraciones no puedan prestar el servicio de forma directa, la dotación de las licitaciones para su prestación mediante gestión indirecta debe ser real y suficiente; en las que el precio no sea, lamentablemente, el elemento que prevalezca en la adjudicación de las mismas. Deben primar las cláusulas sociales y la protección de los derechos de los y las profesionales del sector, pues la responsabilidad de la calidad y de la correcta prestación del servicio debe ser garantizada por quienes tienen la competencia, las Administraciones públicas.
Para UGT Servicios Públicos es urgente equiparar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales en todos sus ámbitos y sectores, así como reducir de manera drástica la brecha salarial entre empleados públicos y personal de las entidades que gestionan servicios de titularidad pública. Solo así, es posible garantizar la igualdad efectiva en el ejercicio del derecho a una atención integral que atienda a las necesidades de la ciudadanía.
