UGT Servicios Públicos Región de Murcia muestra su profunda preocupación ante las declaraciones del alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo, respecto a la empresa Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana S.L., empresa pública de la limpieza viaria y la recogida de residuos y exige que se garantice la continuidad del servicio y de la plantilla.
Campillo, hace unos días, puso en tela de juicio la viabilidad de la empresa por diversos motivos, entre ellos económicos, y apuntó a su próxima disolución para pasar el servicio al sector privado o mixto.
Este sindicato no busca la confrontación política, sino defender el valor del trabajo público que garantiza la limpieza y salubridad del municipio y quiere dejar claro que Bahía de Mazarrón no es un problema: es una garantía de servicio y compromiso social.
En los últimos años, decisiones políticas como la ‘cuota cero’, bonificaciones por COVID o descuentos de hasta el 75 % en la tasa de basura para comercios han mermado los ingresos que financian este servicio. Estas medidas, sin compensación económica, han provocado una descapitalización que afecta directamente a la operatividad de la empresa.
UGT Servicios Públicos quiere recordar que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece que quien contamina debe de pagar, y que los residuos generados por actividades económicas deben ser gestionados por los propios titulares, no por la empresa pública sin coste.
Además, Bahía de Mazarrón asume de forma habitual tareas no contempladas en contrato, como limpiezas tras eventos, ferias o emergencias, sin que estas sean facturadas ni compensadas. Mientras tanto, la plantilla dobla turnos en verano para cubrir una carga de trabajo que no se ajusta ni al personal ni a los recursos disponibles, mientras se cuestionan públicamente sus nóminas.
Asimismo, UGT Servicios Públicos critica la incoherencia de quienes, desde el Pleno y el Consejo de Administración, han votado medidas que debilitan financieramente a la empresa pública, para luego señalar su supuesto mal funcionamiento.
Por todo ello, UGT Servicios Públicos exige que se respeten los derechos laborales y contractuales del personal de Bahía de Mazarrón y se ponga fin a las bonificaciones fiscales sin cobertura presupuestaria, aplicando rigurosamente la Ley 7/2022.
De igual forma, el sindicato exige que se compensen los trabajos extraordinarios realizados, se refuercen los recursos en temporada alta y se garantice la continuidad pública del servicio.
