La propuesta de Clasificación Profesional que nos presenta la Administración se basa en el sistema establecido en el EBEP (en función de la Titulación exigida para el acceso se conforman los distintos grupos que fija el artículo 76), el MECES (Marco Europeo de Cualificaciones de la Educación Superior), el Catálogo de Cualificaciones Profesionales del actual Sistema Educativo Español y el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores, que desde la última reforma laboral impide la clasificación por categorías profesionales.

Además de seis grupos profesionales incorporan las Áreas Funcionales, que según la Administración, clarifican cometidos y ayudan en la gestión. Un planteamiento al que se opone la UGT, dado que nos parece anacrónica la estructuración en Áreas Funcionales y que sólo sirve para limitar la movilidad de los/as trabajadores/as y para flexibilizar la definición de las funciones en aras a las pretensiones de la Administración de cara a tener personal multifuncional.

En ese sentido las denominaciones que nos proponen de los Grupos Profesionales van ligadas a las titulaciones que se exigirían para el acceso en vez de letras o números.

Incrementan por otro lado el número de Áreas Funcionales de 3 a 4, con la creación de una nueva (Actividades Horizontales), en la que se integrarían los/las trabajadores/as que desempeñasen funciones para las que existen cuerpos o escalas de funcionarios

Es obvio que es bastante similar a la nuestra salvo en lo referente a las Áreas Funcionales, de las que desde UGT proponemos su supresión y, en cualquier caso, su sustitución por las Familias Profesionales que establece la actual normativa, si la voluntad de las partes pasa por establecer un sistema de clasificación que perdure en el tiempo.

Las discrepancias surgen cuando nos presenta la Administración su propuesta de integración en los nuevos grupos y las retribuciones que se le atribuirían:

Como podéis apreciar el reconocimiento a la cualificación de nuestros/as trabajadores/as y el objetivo de prestigiar la formación profesional, del que el Partido Popular hace gala en las campañas electorales, se limita a 20 € al mes para los Técnicos Superiores y 16 € para los Técnicos. Además de discriminar a los actuales integrantes del grupo de Gestión y Servicios Comunes nos proponen que los nuevos trabajadores que accedieran a estos puestos de trabajo tendrían un salario inferior en más de 200 €/mes a los puestos ocupados actualmente.

A la UGT nos parece indignante tanto la discriminación aludida como el planteamiento de que dos trabajadores que realizan las mismas funciones cobren diferente salario base.

Nos reiteramos en nuestros objetivos de reconocimiento de la formación profesional, desempeño y/o cualificación profesional de los/as trabajadores/as y de que el Convenio por fin se pueda llamar Único, en tanto que establezca una condiciones homogéneas para todos los/as trabajadores/as que ampara.

Por otro lado, la Memoria de Responsabilidad Social de la Administración General del Estado, que nos entregaron recientemente, pone de manifiesto la tremenda brecha salarial existente entre el personal funcionario y el laboral de la AGE. Una brecha inaceptable y de la que vergonzosamente tiene la exclusiva la Administración General del Estado.

En ese sentido nos ratificamos en la propuesta que presentamos en su día y que fijaba como objetivo un salario mínimo de 1.200 € en el grupo inferior en el horizonte de la duración del IV C.U. Y exigimos como punto de partida y con carácter inmediato (tablas salariales 2017) la homologación salarial con las retribuciones mínimas de los grupos de funcionarios a los que se les exige para el acceso la titulación idéntica que al personal laboral.

Concretando, nuestra propuesta se basa estrictamente en los grupos de clasificación que establece el Estatuto Básico del Empleado Público y las especialidades y definición de funciones del puesto de trabajo que contempla el Sistema Educativo Español en lo referente al Catálogo de Cualificaciones Profesionales.

En cuanto a lo retributivo exigimos la homologación inmediata con respecto a las retribuciones mínimas del personal funcionario.

Evidentemente esto requiere una cantidad económica muy superior a los 3.000.000 € de los que dice disponer la Administración (que viene a suponer el 0,375% de nuestra masa salarial). Ni que decir tiene que tendremos que recurrir a medidas de presión y movilización si queremos alcanzar nuestros objetivos.