La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT y CCOO han formalizado esta mañana la denuncia del III Convenio Único del Personal Laboral de la AGE. Carlos Álvarez Andujar, secretario de AGE de FSP-UGT ha recordado que, desde este momento, el Ejecutivo cuenta con un mes para iniciar el proceso de negociación, aunque supone que la convocatoria se producirá en la semana del 11 al 15 de enero. “Los empleados públicos deseamos que nuestro interlocutor en la negociación venga con voluntad de dialogar, no de imponer. Esperamos que se acabe el ordeno y mando” ha concluido Álvarez
UGT y CCOO han planeado una plataforma donde plasman sus prioridades para alcanzar un acuerdo beneficioso en los distintos aspectos que componen el Convenio Único.
En materia retributiva. Los representantes de los trabajadores de ambos sindicatos plantean un punto de partida: larecuperación de las tablas retributivas vigentes en mayo de 2010. Se trata de comenzar con un 5% de incremento salarial y, partir de esas tablas retributivas, el incremento anual debe ser, como mínimo, homogéneo con el pactado con la patronal privada en AENC, fijando un mínimo de 1.200 € por mes. Además se trabajará para incluir cláusulas que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios.
Es primordial, también establecer de manera homogénea, objetiva y completa el marco de las retribuciones complementarias. Esto significa, entre otras cuestiones, definir y cuantificar el complemento de carrera profesional, eliminar los obstáculos a las reclamaciones judiciales sobre complementos o mejora de la regulación de la turnicidad y la nocturnidad y compensar las horas extraordinarias según la opción que elija la propia persona trabajadora. También se planteará la posibilidad de establecer otros complementos como jornada tarde, alertas, domingos y festivos, algunos pendientes aún del III Convenio.
En materia de Clasificación Profesional. Los representantes de los trabajadores piden la integración de grupos profesionales conforme al Estatuto Básico del Empleados Públicos (EBEP) y Marco español de cualificaciones para la educación superior (MECES). Esto supone tanto la creación para personal laboral de un grupo profesional equivalente al B de los funcionarios, recogido en el EBEP, como la reclasificación de los grupos según titulaciones de acceso y funciones. También pide la determinación de funciones de los puestos de trabajo y asignación de especialidades (incluyendo integración no regladas).
El sindicato también pedirá la jornada laboral ordinaria de 35 horas, la mejora de los permisos relacionados con conciliación y formación; la implantación de la jubilación parcial y analizar la aplicación de otro tipo de jubilaciones anticipadas; IT hasta el 100% de las retribuciones; fomentar la movilidad voluntaria y la promoción interna y garantizar la estabilidad en el empleo, mediante el derecho a la inamovilidad en la condición de empleada o empleado público.
