En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se cumple mañana, 3 de diciembre, UGT exige más y mejores empleos para este colectivo.
El sindicato denuncia que estas personas son el único grupo que ha aumentado en número de parados en el 2014. Con una tasa de desempleo del 35%, un 60% de paro de larga duración y una gran temporalidad y precariedad del empleo que se crea, UGT exige unas políticas de integración más eficientes y efectivas, desde el Diálogo Social, con el fin de lograr aumentar la contratación de estas personas a través de la igualdad de trato y oportunidades.
Además, demanda un mayor cumplimiento de la normativa en la contratación y una intensificación de la actuación de la Inspección de Trabajo, prestando especial atención a la discapacidad sobrevenida.
Las personas con discapacidad continúan, a día de hoy, como uno de los grupos con más dificultades de inserción en el mercado laboral, siendo el único colectivo que ha aumentado en número de parados en el 2014, una tendencia que se repite durante los últimos diez años, y con la consecuencia lógica de un incremento acumulado de los parados con discapacidad, que ya suponen más del doble de los que no la tienen, por lo que podemos afirmar que tener una discapacidad duplica las posibilidades de estar en situación de desempleo.
La realidad de los datos de empleo para UGT es alarmante. El último informe del SEPE publicado en abril de 2015, sobre el mercado de trabajo de las personas trabajadoras con discapacidad, fijó su tasa de paro en torno al 35%, con una tasa de actividad del 37,40% (40 puntos por debajo de la población sin discapacidad).
Es decir, de los 1.428.300 personas con discapacidad en edad de trabajar, 894.700 son inactivas. Los parados de larga duración ya alcanzan a más del 60%, y si tomamos el dato global de la población se sitúa en un 44%.
La búsqueda de empleo para las personas trabajadoras con discapacidad es más prolongada en el tiempo y con menos expectativas que para los parados sin discapacidad, sin que podamos dejar de lado el hecho añadido que la mayoría son mujeres y que a mayor antigüedad como demandante de empleo se añaden otros factores que agravan la situación, como una mayor edad y una mayor permanencia como desempleado.
La baja calidad en la contratación de las personas trabajadoras con discapacidad no sólo se refleja en el tipo de contrato sino también en las condiciones en que se desarrolla su tarea, y con los últimos datos publicados por el INE del año 2013 podemos concluir que estas personas suelen ocupar los puestos de más baja cualificación, siendo su salario un 16,1% menos que el resto de la población trabajadora.
Es innegable que la inclusión laboral de las personas con discapacidad, después de todos los mecanismos regulados como son las bonificaciones a la contratación, la cuota de reserva en el empleo público y en el privado, o los centros especiales de empleo, sigue sin lograrse.
Desde UGT creemos que ha llegado el momento en el que sin más dilación se aborden las políticas con discapacidad de una forma más efectiva y eficiente que lo que se ha realizado hasta ahora. El Gobierno debe empezar a reflexionar si las políticas para lograr la integración desde todos los ámbitos, y especialmente en el laboral, cumplen su cometido. Las personas con discapacidad consiguen unos niveles de empleo muy bajos y existe una dificultad añadida para conservar el puesto de trabajo.
Urge un replanteamiento global de todas las políticas de integración de las personas con discapacidad, de forma que se logre una combinación entre las políticas destinadas a la población en general, las cuales deberían abarcar las necesidades de estos trabajadores y trabajadoras, y las políticas específicas para las personas con discapacidad. Todas ellas diseñadas atendiendo a las capacidades y empezar a hablar de personas con distintas capacidades, es decir, de todas y todos.
Desde UGT reivindicamos la participación del sindicato en las políticas de empleo dirigidas a las personas con discapacidad, siendo el Diálogo Social la fórmula esencial para lograrlo, a la vez que exigimos la derogación de la reforma laboral que afecta especialmente a las personas con discapacidad al computar como faltas de asistencia al trabajo las ausencias por enfermedad pese a estar justificadas y que pueden constituir motivo de despido.
Hemos asistido a una pérdida de derechos respecto al estructura de la negociación colectiva y a la concurrencia de convenios, que al priorizar las condiciones establecidas en los convenios de empresa; delimitan y atomizan las estructura de las relaciones laborales, repercutiendo negativamente a la hora de consagrar como principios básicos conceptos como igualdad de oportunidades y de trato, que en grupos como las personas trabajadoras con discapacidad requieren un abordaje especifico y consagrado en un marco general.
Para UGT, es imprescindible lograr la contratación de las personas con discapacidad a través de la igualdad de trato y de oportunidades, y por ello ponemos especialmente en valor el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017 firmado recientemente, el cual establece medidas específicas que permiten desarrollar el mecanismo fundamental que tenemos como sindicato: la negociación colectiva.
Para ello es imprescindible atender a factores como las características de los sectores y las empresas, las capacidades y aptitudes de los trabajadores y la posible adaptación de los puestos de trabajo. Así como, establecer un marco equitativo para el desarrollo de las condiciones laborales de las personas con discapacidad, garantizando en toda la relación laboral.
Para el sindicato, la balanza de la discapacidad debe volcarse en favor de un entorno social y laboral accesible, y abandonar el enfoque que responsabiliza exclusivamente a la personas con discapacidad.
Nuestra acción sindical se dirige a la integración laboral de las personas con discapacidad haciendo de la negociación colectiva un instrumento para la inclusión que promueva el empleo ordinario, velando para que la contratación se realice en las mismas condiciones que el resto de trabajadores y trabajadoras, especialmente en el desarrollo personal y profesional, los ascensos y las promociones; exigimos un mayor cumplimiento de la normativa en la contratación y una intensificación en la actuación de la inspección de trabajo, debiendo prestar especial atención a la discapacidad sobrevenida.
