Los sindicatos exigen convocar inmediatamente una reunión para  solventar los temas pendientes en materia de empleo e iniciar la  negociación de un nuevo acuerdo con vigencia de varios años 

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos  (FeSP) de UGT y los sindicatos FSC-CCOO y CSIF han remitido una  carta la Ministerio de Política Terrritorial y Función Pública en la que  exigen que se inicie, de manera inmediata, la negociación de un nuevo  acuerdo para el conjunto de los empleados públicos, con vigencia de  varios años. Los sindicatos han señalado, además, que aún quedan por  resolver varios temas fundamentales de los anteriores acuerdos, que el  ministerio se comprometio el pasado mes de junio a solventar. Aspectos  del empleo público como la falta de agilidad las convocatorias, la  escasez de plantillas y su preocupante envejecimieno aún están sobre la  mesa. 

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF recuerdan que aún no se han  convocado el 60% de las plazas comprometidas en el I y II acuerdo para  la mejora del empleo en las Administraciones, sin contar las  correspondientes a los procesos de estabilización, que no se han llegado  ni siquiera a negociar. 

Los acuerdos establecían como objetivo reducir la temporalidad en la  Función Pública al 8%, sin embargo este porcentaje no se ha alcanzado:  antes del inicio de la pandemia la tasa de temporalidad superaba el 24%.  Ademas, muchas plazas no se han terminado de ejecutar, por eso es  primordial agilizar los procesos para reducir al mínimo la latencia entre la  aprobación de las plazas, su convocatoria y finalmene la ejecución  completa e incorporación.   

Las organizaciones sindicales destacan la necesidad de negociar  medidas para resolver de manera adecuada el problema de la  precariedad en las administraciones. UGT, CCOO y CSIF proponen sancionar el fraude o el abuso en la contratación de personal temporal  en el sector público. Hay que trasladar al ámbito de la función pública la  Directiva Comunitaria 70/1990 para evitar y sancionar este fraude o  abuso en la contratación. Esta medida, unida a otras como eliminar la  tasa de reposición, permitirá a los servicios públicos atender a las  necesidades de la ciudadanía sin acudir a formulas que aumentan la  precaridad. 

La modernización de los servicios públicos, que incluye el necesario  proceso de trasformación tecnológica y digital también es un tema que  preocupa a las organizaciones sindicales y en el que deben tener un  papel fundamental.