La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de la UGT (FeSP-UGT) Región de Murcia muestra su satisfacción por el reconocimiento de Unión de Servicios Municipales, SL (USM) de la categoría profesional y atrasos a un trabajador de esta empresa pública del Ayuntamiento de La Unión, sin acuerdo previo y antes de que la demanda llegará al Juzgado de lo Social.
FeSP-UGT estima que USM y su gerencia han preferido acceder al reconocimiento y pago de la categoría profesional, haciendo efectivos también los atrasos que correspondían, dado que era muy probable una sentencia a favor del demandante, y considera lamentable que se deban de judicializar temas tan claros como la modificación sustancial y unilateral de las condiciones de contratación y categoría, más aún cuando hablamos de una empresa pública.
Así mismo, indicar que el trabajador, además, es delegado sindical de UGT, y que mantiene otras denuncias por acoso laboral, y viene siendo hostigado, incluso en el ámbito privado, bajo acusaciones de lo más variopintas, por lo que FeSP-UGT entiende que se trata de una clara persecución sindical, por lo que procederá a denunciar esta situación ante los tribunales.
Al hilo, indicar que el responsable del Sector de Administración Local de FeSP-UGT, José Juan González Salas, considera “escandaloso que el Gerente de la Empresa haga uso de los servicios privados de un familiar en el plano jurídico, algo que nos parece más que anecdótico teniendo en cuenta que se trata de una empresa pública y que debería ser el Consejo de Administración de esta quien autorizara, o cuando menos fiscalizara, la asistencia y frecuencia de esos servicios profesionales prestados, y si son o no satisfechos con dinero público del Ayuntamiento de La Unión”.
En este sentido, afirma que UGT seguirá denunciando todas las irregularidades de las que este sindicato tenga conocimiento y pide que desde el Consejo de Administración de la Empresa “se actué para la averiguación de las denuncias formuladas contra la organización, gerencia y dirección de la empresa, a fin de no llegar a situaciones como la actual, de pago de lo demandado sin acuerdo o reconocimiento expreso entre las partes, a fin de esquivar tanto una condena como la materialización de un acuerdo”.
González rechaza que se validen este tipo de acciones en una empresa pública, por lo que pide que se audite la gestión del Gerente “así como los procesos de contratación de personal y servicios, como el que contrata con un familiar suyo para estas cuestiones”.
“No puede quedar duda alguna de que las actuaciones del Consejo de Administración van encaminadas a la solución de los conflictos planteados en el ámbito organizativo y de funcionamiento, evitando que se generen situaciones de tensión e indefensión a los trabajadores y trabajadoras que desemboquen en la conculcación de derechos esenciales y que supongan que los empleados deban de demandar en los juzgados su situación arbitraria”, concluye.
