El gobierno de la Región de Murcia no puede eludir su responsabilidad y deben exigir a las empresas concesionarias que cumplan sus compromisos laborales

El sindicato ha calificado de infamia la negativa de las patronales a actualizar las tablas salariales conforme se recoge en su convenio

UGT servicios Públicos continua su campaña reivindicativa para reclamar a la patronales de la dependencia que cumplan sus compromisos y actualicen las tablas salariales de sus plantillas de acuerdo al IPC real.  En esta línea, la secretaría de Dependencia de UGT Servicios Públicos Región de Murcia ha remitido una carta a la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social donde le trasladan la grave situación que sufren las trabajadoras y trabajadores de este colectivo en la Región de Murcia.

El sindicato ha denunciado el incumplimiento del convenio en vigor y ha calificado de infame la actuación de las patronales en este aspecto, pues condenan a sus trabajadoras, principalmente mujeres, a la precariedad. Se trata de un colectivo de más de 6.400 personas en la Región de Murcia, fundamentalmente mujeres que vienen desarrollando su labor en residencias de personas mayores, servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia, que ven cómo su poder de compra disminuye día tras día por la negativa de las patronales a aplicar el artículo 8 del VII Convenio Marco Estatal. Este texto recoge expresamente  que “se incrementarán anualmente, en el mes de enero, los conceptos retributivos en la misma cuantía que el índice de precios al consumo (IPC) real del año anterior”. “La cláusula de revisión salarial automática opera, por tanto, automáticamente, al encontrarse este Convenio en ultraactividad, máxime si se tiene en cuenta que el PIB del año 2021 ascendió al 5%” argumenta la organización sindical en la carta que ha dirigido a la consejería.

Nos encontramos con un sector fuertemente privatizado, que presta el servicio en conformidad con las Administraciones Públicas utilizando para ello diferentes vías: concertación de plazas, licitaciones públicas para la gestión de los servicios y colaboración entre entidades del sector y Administración Pública. Desde nuestra Comunidad Autónoma se están destinando importantes partidas económicas para financiar la Dependencia, prestando un servicio a la sociedad y generando empleo. Sin embargo, lo que inicialmente se preveía como un nuevo yacimiento de empleo tras la publicación de la Ley 39/2006 de la Dependencia, ha acabado convirtiéndose en un empleo precario, feminizado y cuya profesionalización tiene significativas carencias para poder ser definido como empleo de calidad.

En este contexto, el Plan Choque y el impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia firmado por el Gobierno, las patronales y los sindicatos, vinculaba  la financiación adicional prevista a que parte de ella  repercutiera en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Algo que, finalmente, no parece que esté ocurriendo.

Nuestro sindicato tiene conocimiento de que esta consejería se ha comprometido con la patronal de las residencias de personas mayores a pagarles un 13% adicional al coste concertado de sus plazas hasta el año 2025, lo que supone un aumento de 5,5 millones de euros a los 39 millones que ya vienen percibiendo, sin dialogo con las organizaciones sindicales y dar garantía para que este aumento repercuta en la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector que tanto han sufrido y siguen sufriendo durante este tiempo de pandemia.

Por eso, UGT Servicios Públicos pide al gobierno regional que no eludan su responsabilidad y exija a las concesionarias de este servicio público que cumplan sus compromisos laborales.

La organización sindical recuerda que el 25 de enero inició un proceso en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje para tratar de solucionar esta situación, aunque ya adelantó que adoptaría las medidas necesarias para que las patronales aplicasen un incremento del 6,5% de los conceptos retributivos correspondiente del IPC real del año 2021. Esta acción forma parte de la campaña iniciada para reclamar que las patronales de la dependencia cumplan sus compromisos  laborales.