La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT asiste el 16 de julio a la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE) con la intención de plantear al Gobierno propuestas para recuperar el empleo y los derechos eliminados en los años anteriores.
UGT ha reclamado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en numerosas ocasiones, el inicio de una negociación real, sobre propuestas plateadas por la Administración y las organizaciones sindicales, que sirvan como base para lograr medidas beneficiosas para los servicios públicos y sus trabajadores.
Carlos Javier Álvarez Andújar, secretario de Sector de Administración General del Estado de UGT ha advertido que “El Gobierno, con su discurso triunfalista sobre la salida de la crisis ha elevado las expectativas, ahora tiene que materializarlas en medidas concretas para el conjunto de los empleados público, que mejoren sus condiciones laborales y salariales”.
En este sentido, UGT ya trasmitió al Gobierno parte de sus reivindicaciones, que mantiene de cara a la reunión de mañana. Los tres ejes principales de negociación son:
1. Perspectivas de creación de empleo,que permitan la prestación adecuada de los Servicios Públicos. Una medida que permita paliar la sangría de empleo que se ha producido en las Administraciones en los últimos años. Los servicios públicos han sufrido la congelación de la oferta de empleo público en los tres últimos ejercicios –lo que supone un recorte de 5.300 millones y la amortización de 13.297 plazas vacantes sólo en la Administración General del Estado.
2. Recuperación del poder adquisitivo perdido en estos años, más la concreción del calendario de recuperación íntegra de la paga extra de diciembre de 2012. La eliminación de la paga extraordinaria de navidad significó una pérdida salarial neta del 7% y una pérdida del poder adquisitivo del 9,9%, sólo en ese ejercicio.
3. Alcanzar un acuerdo sobre la recuperación de los días adicionales por vacaciones y asuntos propios, y demás derechos derogados por el RD 20/2012.
El Gobierno debe subsanar medidas impuestas a los empleados públicos como la implantación, con carácter básico y mínimo, de una jornada de 37 horas y media a la semana; la supresión de los días de libre disposición adicionales, a partir del 6º trienio; los adiciones por antigüedad a las vacaciones y la supresión de tres días de libre disposición, que se rebajó de seis a tres con carácter básico. A lo largo de estos años han devuelto 1+1 en diversas normas.
El sindicato considera positiva la presentación de un borrador para establecer el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia de género y el “Protocolo de Actuación Frente a la Violencia en el Trabajo en la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella”. Sin embargo, añade UGT, éste sólo será eficaz si viene acompañado de un aumento de recursos materiales y humanos en los servicios más necesarios para la ciudadanía inmersa en la crisis.
