Ya en su momento UGT consideró precipitada la forma de actuar de la CARM en este asunto, especialmente porque se podrían haber vulnerado Derechos Fundamentales de las y los empleados públicos de la CARM, ya que se asociaba nombre y apellidos a sueldo de la persona y porque tampoco se tuvo en cuenta a la hora de publicar datos personales las circunstancias de cada empleada y empleado público.
Por este motivo, se elevó una Consulta a la Agencia de Protección de Datos a fin de confirmar la legalidad o ilegalidad de dicho acto, al tiempo que algunos trabajadores presentaron reclamaciones. Ahora, este es el resultado: la Agencia ha abierto un proceso de infracción y la Comunidad tiene dos semanas para presentar alegaciones. De no hacerlo, se procederá a proponer la sanción.
UGT estará vigilante para que no se repitan situaciones como estas y para que la Comunidad Autónoma sea más diligente a la hora de tratar información sensible de sus empleadas y empelados públicas.
