Decenas de delegados/as de CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre, con el 85% de la representación de Correos, han realizado una concentración a las puertas de la sede de Correos de la provincia de Valencia. Al final del acto, se ha procedido a la lectura y posterior entrega de las reivindicaciones de los trabajadores/as en defensa de un Servicio Postal Público de calidad, viable y de unas mejores condiciones laborales para lo que han exigido la apertura de la negociación de un nuevo convenio laboral.

Las organizaciones sindicales han insistido en que la situación de Correos tras años de invisibilidad y recorte por parte del anterior Ejecutivo requiere de la adopción de medidas urgentes por parte del nuevo Gobierno para evitar que el déficit se instale en la empresa pública como un bucle del que sería complicado salir. Son casi 188 millones de euros el déficit en la cuenta de resultados en 2017 y la previsión de 122 en 2018, lo que hace una cuantía total de 310 para los ejercicios 2017-2018. La ausencia de un Plan Estratégico que no permite a la empresa adaptarse al nuevo mercado de paquetería, mayoritariamente en manos del sector privado y a la prestación de servicios financieros como otros operadores públicos postales en Europa no augura un futuro prometedor si lo que se quiere es hacer de Correos una empresa Postal & Logística que cohesione social, económica y territorialmente el país.

Los efectos de esta política de recortes en la empresa pública son la supresión de 15.000 empleos en todo el país en la última década con unos 900 trabajadores de plantilla fija en la Región de Murcia, la reducción de la contratación y la implantación de un modelo basado en la precariedad, con un 35% de plantilla eventual, de los que un 22% son a tiempo parcial.

La ciudadanía es la otra gran víctima de esta política del tijeretazo que ha supuesto la supresión del servicio en numerosas zonas de la provincia de Murcia, el cierre de oficinas y una sobrecarga de trabajo que provoca una falta de calidad por exceso de rotación en el personal temporal y la implantación de miles de minijobs.

Las organizaciones sindicales quieren transmitir al Gobierno y a la Dirección de la empresa que la traducción de estas peticiones a acción de gobierno y hechos concretos resolvería el conflicto abierto en Correos, garantizando la viabilidad del Correo Público, del servicio público prestado y la consecución de unas condiciones laborales en el marco de un nuevo convenio laboral con más salario, empleo y derechos tras años de congelación y recorte. De lo contrario, las movilizaciones comprometidas públicamente con los trabajadores y trabajadoras continuarán y se intensificarán con concentraciones, manifestaciones, y tres huelgas generales a final de año.