Responsabilidad, una palabra que se repite de forma incesante en estos tiempos convulsos, complicados y extraños que nos ha tocado vivir. Desde ámbitos políticos, sanitarios, sociales…se apela a la responsabilidad de la ciudadanía para conseguir frenar la curva y detener al maldito bicho que nos ha puesto la vida patas arriba, que ha trastocado todos los pilares de la sociedad.
En este escenario, el peor de todos los que pudiéramos imaginar, ha surgido con fuerza una modalidad que conocíamos, pero que no había sido explorada en toda su intensidad. Me refiero al teletrabajo. Y lo digo porque nos ha pillado sin armas, ya que en España no existe ninguna Ley que lo regule, aunque sí se contemple la posibilidad en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 13, que hace referencia a trabajar en el domicilio. También quedó plasmado en 2001, dentro del contexto de la Estrategia Europea de Empleo, con la firma del Acuerdo Marco Europeo Sobre Teletrabajo, y con el Real Decreto-ley 6/2019, medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación que reconoce el trabajo a distancia como una posibilidad para que las y los trabajadores puedan conciliar mejor la vida laboral y la privada. Pero seamos sinceros, en este tema andamos en zapatillas y bata de ‘guatiné’ y eso habrá que estudiarlo, porque en esta Comunidad tan solo encontramos un Proyecto piloto experimental de teletrabajo de la Administración Pública Regional.
Retomando el tema de la responsabilidad, y desde mi punto de vista, ahora no solo toca hablar de ella, sino de confianza. Y de respeto, hacia los miles de trabajadoras y trabajadores que hacen lo que tienen que hacer, y más. Solo hay que mirar a docentes, personal de servicios que gestionan ayudas y prestaciones económicas,… personas que se han visto abocadas a cambiar todo su sistema de trabajo, desbordadas y absorbidas, para las que la conciliación personal y familiar ha cobrado un nuevo sentido o se ha reducido a la nada.
Es cierto, siempre habrá quien se ampare en esta situación, o en otras, para hacer gala de su ineptitud o dejadez, enrocado en el “es lo que hay” para ensalzar la vaguedad y el escaqueo. Pero en estadística, eso tiene un nombre, es el valor atípico (en inglés, ‘outlier’): en un mapa de puntos de la Región, donde todos están juntos, de pronto, aparece un puntito a más de 8000 kilómetros, allá por Chukotka (Rusia); una observación numéricamente distante del resto de los datos y que, según los expertos, convierte normalmente en engañosas las estadísticas en las que se incluye. Así, se transforma en un dato anecdótico a despreciar (como a aquellos que pretenden recortar derechos amparándose en todo esto) porque no, no todos los servidores públicos son ‘outliers’, sino más bien lo contrario, y, a mi juicio, el que dude de esa afirmación es que no ha entendido nada de lo que está sucediendo.
Considero firmemente que habrá que orquestar, entre todos, administraciones y representantes legítimos de las y los trabajadores, las organizaciones sindicales, nuevas regulaciones normativas para implementar medidas sobre el teletrabajo, pues no será la “nueva normalidad”, sino que a día de hoy es la realidad de muchas y muchos, a fin de conseguir que se desarrolle con todas la garantías de calidad de servicio a la ciudadanía, no olvidemos que es esa la esencia misma y el sentido de que existan las administraciones públicas, pero sin menoscabar los derechos laborales de las y los empleados públicos.
Y sobre todo, apelo al sentido común y pido respeto y confianza en los más de 85 mil empleadas y empleados públicos de esta Región que han hecho de esa palabra que tanto gusta, la RESILENCIA, su día a día, trabajando en la medida de sus posibilidades y las nuevas circunstancias, y a los que tendremos que dotar de instrumentos eficaces en esta nueva realidad laboral.
Antonio Martínez Peñaranda
Secretario General de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT Región de Murcia.