El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha convocado hoy la Mesa de personal docente no universitario para tratar con las organizaciones sindicales el real decreto por el que se regula la Inspección Educativa, así como la propuesta de constitución de grupos de trabajo en relación con la profesión docente.
El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos ha exigido al Ministerio que el Real Decreto cuente con una memoria económica que garantice la dotación presupuestaria necesaria para atender los incrementos en los costes económicos reconocidos en el articulado. Desde el Ministerio nos trasladan que el recorrido procesal acaba de iniciarse y que aún debe ser debatido en la Mesa de persona, de Función Pública y por el Consejo de Estado.
Respecto a los grupos de trabajo, se nos han trasladado una propuesta de constitución de varios grupos para trabajar el Marco de Competencias Profesionales Docentes, la formación inicial del profesorado, los sistemas selectivos e ingreso en la función docente, la tutorización de prácticas e iniciación a la docencia, la formación permanente del profesorado y los sistemas y procedimientos para el desarrollo profesional.
Desde nuestro Sindicato consideramos que persiste el enfoque presente en las “24 propuestas de reforma para la mejora de la profesión docente” del año 2022. Hemos trasladado que, a nuestro juicio, mantener este planteamiento supone que no se produzca un avance efectivo en los compromisos adquiridos en la LOMLOE.
Desde el Ministerio, nos han adelantado que están abiertos a una negociación “ambiciosa” en la que se puedan tratar todos los temas referentes al colectivo docente. También se ha comprometido a fijar un calendario, con una próxima reunión como muy tarde para finales de enero o mediados de febrero donde se concretarán los grupos y temas.
UGT, aunque se muestra favorable a participar en dichos grupos considera que las líneas prioritarias de la negociación deberían incluir:
- La reducción, con carácter básico, de las horas lectivas del profesorado no universitario. Se ha demostrado que la publicación de la Ley 4/2019, que únicamente recomendaba su reducción, no ha sido capaz de revertir las consecuencias del RD 14/2012, por lo que es necesario aprobar una medida que si obligue a volver a la situación anterior a los recortes.
- La reducción de las ratios del alumnado asignado al profesorado que favorezca una atención personalizada acorde a las necesidades del alumnado. Es necesario, como un indicador de calidad, la disminución del número de alumnado que atiende cada docente priorizando aquellos contextos en los que la labor docente se realiza en situaciones más difíciles o en agrupamientos por encima de la media.
- La incorporación al subgrupo A1 para todo el profesorado que imparte docencia en los niveles no universitarios y, mientras se regula, la equiparación mediante complemento retributivo al Profesorado Técnicos de FP y al Profesorado Especialista en Sectores Singulares.
- La simplificación y reducción de la burocracia encomendada al profesorado. A pesar de exigir cada vez más responsabilidades al profesorado, el perfil docente y las condiciones que regulan su trabajo no han evolucionado de la misma forma. Es evidente que existe cada vez más desfase entre las tareas y responsabilidades que se exigen al profesorado y sus condiciones laborales.
