En el centro de estas crisis se encuentra el trabajo de cuidado que históricamente han asumido las mujeres. El cuidado es la reproducción diaria de la vida, la base sobre la que existe la vida misma -humana y planetaria- y funcionan las economías.
La actual organización social del cuidado: cómo se satisfacen las necesidades de cuidado; la interrelación del trabajo de cuidado no remunerado, el trabajo de cuidado mal remunerado, la provisión pública, la provisión privada y los acuerdos de cuidado basados en la comunidad son fundamentalmente desequilibrados, desiguales y, en última instancia, insostenibles. Esta situación genera que la carga, el peso y la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado recae en las mujeres.
En el hogar y dentro de las comunidades, a través de las cadenas globales de cuidado en las que las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres negras y morenas del Sur Global llenan el vacío de los cuidados mientras están mal pagadas y en condiciones laborales precarias a través de los servicios, tanto públicos como privados. Esta injusticia se duplica y triplica en el caso de las mujeres que experimentan formas de discriminación múltiples e interseccionales debido a su clase, raza, orientación/identificación sexual, discapacidad, edad o estatus migratorio, entre otras dimensiones.
¡Hay que poner fin a esta crisis del cuidado, basada en la división internacional del trabajo por razones de género y raza!
Los Estados suelen excusar su incapacidad para hacer realidad los derechos de las mujeres alegando su falta de recursos financieros. El maltrecho sistema fiscal internacional -y el sistema económico neoliberal en general- sigue facilitando la extracción de riqueza de la población -en particular del Sur Global- mientras la concentra en manos de una élite reducida -en su mayoría hombres del Norte Global.
Mientras tanto, la desregulación, la privatización, la consolidación fiscal (austeridad) y la aplastante carga de la deuda neocolonial afianzan aún más estos desequilibrios extremos de poder entre mujeres y hombres, Sur Global y Norte Global, trabajadores y empresas. Esto agota los recursos globales y locales para financiar servicios públicos de cuidados de calidad y permitir un trabajo de cuidado decente y bien remunerado y una protección social universal.
En este contexto, las políticas fiscales nacionales regresivas, a menudo fomentadas o impuestas por las instituciones financieras internacionales, socavan la responsabilidad de los Estados de proporcionar servicios públicos que garanticen los derechos.
Exigimos que se ponga fin al paradigma y al sistema económico dominante que no sólo socava los derechos de las mujeres sino que agrava la desigualdad de género. Exigimos el fin de la falta de voluntad, asignación de recursos y capacidad de los Estados para organizar los cuidados como un bien público. Rechazamos y desafiamos la captura corporativa de muchos de los Estados que están incumpliendo su obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. Exigimos que los Estados doten de recursos a los cuidados como un bien público y una responsabilidad social colectiva, en lugar de una responsabilidad «privada» del hogar que recae principalmente en las mujeres. Este camino lleva a destrucción de la humanidad y del planeta, ya que quebranta a las mujeres. ¡Debemos acabar con él ahora!
Hacemos un llamamiento a la creación de un movimiento global para reconstruir la organización social del cuidado uniendo fuerzas para:
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Reconocer el valor social y económico del trabajo de cuidado (remunerado o no) y el derecho humano al cuidado.
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Recompensar y remunerar el trabajo de cuidado con un salario igual por un trabajo de igual valor, pensiones decentes, condiciones de trabajo dignas y una amplia protección social.
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Reducir la carga del trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres.
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Redistribuir el trabajo de cuidado dentro de los hogares, entre todos los trabajadores, eliminando la división sexual del trabajo y entre los hogares y el Estado.
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Reivindicar el carácter público de los servicios de cuidado y restablecer el deber y la responsabilidad primordial del Estado de prestar servicios públicos de cuidados y desarrollar sistemas de cuidado que transformen las relaciones de género y la vida de las mujeres, entre otras cosas, financiando la capacidad de inversión del Estado a través de una fiscalidad justa y progresiva y garantizando la igualdad de derechos fiscales a nivel internacional de los Estados nación.