Las personas con discapacidad sufren un paro en torno al 33% y su tasa de empleo no alcanza el 25%, cobran un 20% menos y el número de contratados con estudios universitarios no alcanzan el 6%. Éstos son solo algunos datos que reflejan que, a pesar de las regulaciones, la inclusión laboral de las personas trabajadoras con discapacidad sigue sin lograrse, por lo que es necesario abordar políticas más efectivas. UGT defiende la mejora de las condiciones de contratación y laborales de estas trabajadoras y trabajadores, a fin de garantizar la igualdad de trato, de oportunidades y no discriminación y exige que se cumpla la cuota de reserva del 2% en empresas de más de 50 personas en plantilla. La verdadera integración pasa por actuar en distintos ámbitos: educación, formación, empleo (en igualdad de condiciones laborales y salariales) cultura y transporte.
Los datos de empleo de las personas con discapacidad nos desvelan una realidad alarmante. La tasa de paro se sitúa en torno al 33% y su tasa de empleo no alcanza el 25%, según el último informe del Servicio Público de Empleo de este año y cuyos datos corresponden a 2013. A esto se une el alto porcentaje de inactividad, un 63,36% (lo que supone un 23,01% por debajo de la población sin discapacidad). Por otro lado, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de 2012, se observa un incremento de la tasa de paro, del 6,2%, en un año.
Los contratos celebrados con estas trabajadoras y trabajadores representan cerca del 1% de toda la contratación registrada, Respecto al tipo de contratación los más numerosos son los eventuales por circunstancias de la producción, seguidos de los de obra o servicio. Los indefinidos tan sólo alcanzaron un 8,9% del total de los contratos realizados. Respecto al sector que ocupan las personas trabajadoras con discapacidad corresponden al sector servicios (más del 82%).
Pero la baja calidad en la contratación de las personas trabajadoras con discapacidad no sólo se refleja en el tipo de contrato sino también en las condiciones en que se desarrolla su tarea y, con los datos publicados por el Observatorio de las Ocupaciones, podemos concluir que estas personas suelen ocupar los puestos de más baja cualificación, siendo su salario un 20% menos que el resto de la población trabajadora.
A estos datos estadísticos relativos al empleo, les debemos añadir la mínima participación en el ámbito educativo de las personas con discapacidad, sobre todo, en estudios postobligatorios y superiores (se estima que las personas con discapacidad contratadas con estudios universitarios no alcanzan un 6%).
Es innegable que la inclusión laboral de las personas con discapacidad, después de todos los mecanismos regulados como son las bonificaciones a la contratación, la cuota de reserva en el empleo público y en el privado, o los centros especiales de empleo, sigue sin lograrse. Desde UGT creemos que ha llegado el momento en el que, sin más dilación, se aborden las políticas sobre discapacidad de una forma más efectiva y eficiente que lo que se ha realizado hasta ahora. El Gobierno, debe empezar a reflexionar si las políticas para lograr la integración desde todos los ámbitos, y especialmente en el laboral, cumplen su cometido.
Frente a esta situación, UGT apuesta por la mejora de las condiciones de contratación y de trabajo de las personas con discapacidad desde una perspectiva integradora de derechos, a fin de garantizar la igualdad de trato, de oportunidades y su no discriminación. Nuestra labor se orienta hacia el logro de la contratación efectiva de las personas con discapacidad y del compromiso del cumplimiento de la cuota reserva del 2% en empresas de más de 50 personas en plantilla. Reivindicamos el buen funcionamiento de los centros especiales de empleo, de tal manera que los trabajadores con discapacidad no perpetúen su permanencia en ellos y que cumplan su función social de ser un tránsito a las empresas ordinarias.
Para UGT, la balanza de la discapacidad debe volcarse a favor de un compromiso global en pro de un entorno social y laboral accesible, y abandonar el enfoque que responsabiliza exclusivamente a la personas con discapacidad, convirtiéndoles en agentes de su autoexclusión y exigiéndoles que sean ellos los que se integren y se adapten.
La verdadera integración debe contextualizarse, dentro de los derechos humanos, en ámbitos como son el acceso a la educación, a la formación, a la libre elección de un empleo en igualdad de condiciones laborales y salariales, a la cultura, o al transporte en igualdad de condiciones, dotando a las personas con discapacidad de herramientas para su pleno ejercicio.
