Una nueva tragedia humana a gran escala ha estremecido el Mediterráneo. Un barco abarrotado de emigrantes que intentaban llegar a Europa se hundió a primeras horas de la mañana del domingo 19 de abril de 2015, frente a las costas libias, al sur de la isla italiana de Lampedusa. Las Naciones Unidas confirman el fallecimiento de hasta 800 personas, entre ellos niños y niñas de entre 10 y 12 años. Se trata del peor naufragio ocurrido hasta la fecha en el Mediterráneo. Al parecer, el barco llevaba a bordo 950 personas de Siria, Eritrea y Somalia, entre otras nacionalidades.
Al mismo tiempo, una frágil embarcación de madera con más de 80 personas a bordo encalló en el Egeo, frente a la isla de Rodas. Las autoridades griegas informan que murieron al menos tres personas, entre ellas un niño.
Estas catástrofes suceden pocos días después de que 400 emigrantes se ahogaran la semana pasada en un naufragio similar. Se estima que al menos 1500 migrantes han fallecido en el Mar Mediterráneo en lo que va de 2015.
“Estamos ante una auténtica crisis de la migración en Europa. Sin embargo, los gobiernos de la Unión Europea vuelven la vista hacia otro lado y no adoptan las medidas para abordar colectiva y globalmente el problema”, afirma Rosa Pavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), una federación mundial que agrupa a los sindicatos representantes de trabajadores de servicios públicos. “Los migrantes vienen huyendo de la persecución, el conflicto y la pobreza. No tienen la más mínima esperanza de sobrevivir en sus países de origen, por eso se arriesgan en estas travesías peligrosas para llegar a Europa. Es un grito de socorro que los líderes políticos se niegan a escuchar”, afirma Pavanelli. “En lugar de reconocer las condiciones socioeconómicas extremas que asolan los países de origen de estos migrantes e invertir en políticas sociales que aborden las raíces, los gobiernos de los países receptores responden al problema de la migración y el asilo, una vez más, con medidas de seguridad y operaciones militares”, subraya.
“Es inaceptable que la UE utilice acuerdos bilaterales para frenar los flujos migratorios procedentes de África, sobre todo porque dichos acuerdos los firman con dictadores, como sucedió hace cinco años con Libia o como se corre el riesgo de que vuela a suceder, con Eritrea”, añade Pavanelli.
La ISP se esfuerza por defender la buena gobernanza, el trabajo digno, el comercio equitativo, la justicia fiscal y el acceso de toda la población a los servicios públicos de calidad, con el objetivo de que la migración se convierta en una opción, no en la única alternativa. Además, colabora con sus organizaciones afiliadas para desarrollar las capacidades de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, que son quienes están al frente de los servicios que se prestan a los migrantes.
El lunes pasado, los gobiernos de la UE celebraron una reunión de emergencia en Luxemburgo y decidieron lanzar operaciones militares contra la red de traficantes de personas en Libia, considerada responsable del tráfico de migrantes en el Mediterráneo. La reunión acordó también ampliar las operaciones de Frontex, la agencia encargada de la vigilancia de las fronteras de la UE.
“La UE tiene el deber humanitario de salvar las vidas de las personas que huyen de la guerra y la pobreza. El movimiento sindical europeo se opone a que se apliquen exclusivamente medidas de seguridad para resolver la recurrente crisis de migración y asilo. El año pasado, ya advertimos a los gobiernos e instituciones comunitarias sobre las consecuencias de eliminar la operación Mare Nostrum, que se encargaba de las misiones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo. Hasta que los gobiernos adopten medidas contundentes y apliquen una estrategia global, estas tragedias se repetirán”, afirma Jan Willem Goudriaan, Secretario General de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU), la organización europea de la ISP. “El Consejo extraordinario convocado el jueves 23 de abril debe acordar un programa de protección internacional y medidas urgentes que deroguen las normas actuales sobre el asilo en la UE, incluida la Convención de Dublín”, concluye Goudriaan.