Algunas cárceles españolas no son solamente algo como un “hotel de lujo” -como la nueva Cárcel de Archidona, en Málaga, con celdas individuales perfectamente acondicionadas, sauna, piscina, gimnasio y otras “delicatessen”-, sino que se han convertido casi en un ring en el que los sacos de entrenamiento de los reclusos son los propios funcionarios de prisiones. Las denuncias se suceden y los sindicatos llevan años pidiendo una solución ante el problema real en estos centros de trabajo. Según datos oficiales, el personal que integra la Institución Penitenciaria asciende actualmente a más de 24.000 personas en total, de las cuales más de 15.000 se dedican a tareas propias del área de vigilancia. Entre estas tareas se incluyen las de garantizar el orden y la seguridad interior de los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social.
Sin embargo, según los datos a los que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, el Ministerio del Interior tiene registradas más de 2.200 agresiones a estos funcionarios en los últimos seis años, lo que se traduce en que el personal que trabaja en las cárceles españolas ha sufrido una media de un ataque diario con resultado de lesiones. Por ello, el Partido Popular registró una proposición de Ley para convertir a los funcionarios de prisiones en Agentes de la Autoridad, con todo lo que ello conlleva.
La proposición se basa en lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como la Resolución de 26 de noviembre de 2015, que recoge el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y los Organismos Públicos. Aquí se reconocía ya explícitamente la singularidad del medio penitenciario.
La vulnerabilidad de los funcionarios de prisiones
Es evidente, que la realidad específica del ámbito penitenciario se caracteriza por su vulnerabilidad al conflicto, y no sólo por las características individuales de los internos, sino porque éstos se ven obligados a asumir el cumplimiento de prisión contra su voluntad, lo que conlleva una convivencia forzada y preestablecida en un medio que les resulta ajeno, y a veces agresivo. De ahí que siempre se haya priorizado garantizar un entorno pacífico bajo el principio de tolerancia cero a cualquier manifestación de violencia.
Sin embargo, esas normas se han relajado mucho en los últimos años, lo que afecta directamente a la seguridad del personal que trabaja al servicio de la Institución Penitenciaria; un personal que debe garantizar la retención y custodia de detenidos, presos y penados, pero también la reeducación y reinserción social de los sentenciados. Son en total 24.000 personas, de las cuales más de 15.000 se dedican a tareas propias del área de vigilancia, entre las que se incluyen garantizar el orden y la seguridad interior de los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social. Ahora bien, por la relajación que se ha ido produciendo en las normas, el Ministerio del Interior tiene registradas más de 2.200 agresiones a estos funcionarios en los últimos seis años con resultado de lesiones, lo que convierte a su labor de vigilancia en altamente peligrosa, con castigos a veces ridículos.
Un Protocolo insuficiente
Es cierto que el Protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social aprobado recientemente reconocía por primera vez de forma explícita la condición de autoridad pública a los funcionarios de prisiones en el ejercicio de sus funciones, pero el problema es que ninguna norma con rango legal les concede la condición de Agentes de la Autoridad con su consiguientes derechos y deberes.
Ahora se quiere corregir esa singularidad con una proposición de Ley Orgánica pactada con los sindicatos de funcionarios, cuyo objetivo es reforzar las facultades de los Cuerpos Penitenciarios, reconociéndoles la condición de autoridad pública. Para ello se prevé la reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979, en concreto der su artículo 80, en el que se hace referencia a los funcionarios.
Por una parte, se pide la modificación de su apartado 2 para incluir en el ámbito de sus funciones el reconocimiento de los funcionarios como Agentes de la Autoridad, a todos los efectos legales; es decir, con sus deberes, pero también con sus derechos. E, igualmente, se prevé un nuevo párrafo en el que se hace remisión al Código Penal, a fin de solucionar cualquier tipo de incidente que derive en atentado que ponga en peligro la integridad física de los funcionarios penitenciarios, de idéntica forma a lo que actualmente está regulado para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Además, la reforma quiere incluir un quinto apartado al referido artículo 80, con objeto de integrar -en la misma línea que se contempla para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad-, medidas específicas de internamiento para los funcionarios penitenciarios que deban cumplir condena en centros penitenciarios ordinarios.
