La decisión de la Consejera de Turismo Juventud y Deportes, cuyos motivos, no decimos que no los tenga, o si son tan urgentes y necesarios como para subsumir o eliminar derechos del personal empleado público, no han sido ni informados ni negociados con las Organizaciones Sindicales. La potestad autoorganizativa no nos vale para este caso, con consecuencias directas que afectan a los derechos de los trabajadores.
UGT ha recibido numerosas quejas a raíz de la decisión de traslado de la Consejería, por la forma en que se está realizando y las consecuencias que acarrea. Desde UGT consideramos que se ha atentado contra derechos del empleado público reconocidos en el EBEP y entendemos que sólo por causas urgentes de interés público con carácter temporal y mediante la compensación que corresponda podría imponerse a los trabajadores un cambio de localidad de su puesto de trabajo.
Estas decisiones adoptadas (sin entrar en las motivaciones que desconocemos) carecen de un procedimiento y un proceso, ordenado y negociado, que pone de manifiesto una falta de consideración y respeto a las personas que desarrollan su trabajo
en esta Administración.
Este acto, que de llevarse a cabo afecta a otras Consejerías, genera un efecto domino de traslados al desplazar a otros trabajadores de otras Direcciones Generales como son los de los Servicio de Pesca, Servicio de Puertos, Servicio de Industria, y otros organismos ubicados en Cartagena, que ya nos han manifestado su malestar cuando se han enterado en el día, sin aviso previo en un día festivo en la ciudad de Cartagena, exactamente igual que los afectados de Díaz Cassou.
El conculcar los derechos de los trabajadores, negar su voz, no informar, la opacidad, la negativa a utilizar buenas prácticas, nos hace preguntarnos ¿Es la nueva fórmula mejorada de negociación colectiva de este Gobierno Regional?.
