El ministro Montoro ha comparecido por primera vez en toda la legislatura para enunciar a los empleados públicos sus medidas para 2016: subida del 1%, tasa de reposición al 100% solo en servicios esenciales y otro 25% de devolución de la extra suprimida en 2012 en septiembre de este año (la devolución del 50% restante está condicionada a la “disponibilidad financiera” de 2016). Devuelve también el tercer día de libre disposición y los canosos.
La Federación de Servicios Públicos de UGT ha calificado de “insuficiente” la subida salarial aprobada para 2016 para el conjunto de los empleados públicos del país. El Gobierno ha anunciado unas medidas que parecen más una “concesión” electoralista que una retribución justa para un colectivo congelado y recortado durante toda la legislatura. Lo ha hecho además como acostumbra: de manera unilateral, sin propuesta previa y sin diálogo con las organizaciones sindicales, legítimos representantes de los empleados públicos.
El aumento salarial del 1% para el próximo año no cubre las expectativas de UGT ni subsana de ninguna manera la pérdida de poder adquisitivo.
La Oferta Pública de Empleo, aunque cubrirá las vacantes, está muy lejos de remedar la sangría de los últimos cuatro años. El Gobierno del PP ha destruido 400.000 empleos públicos, contribuyendo a hacer aún más acuciante el problema del paro en nuestro país y el deterioro tanto de la calidad del empleo como de los servicios prestados a la ciudadanía.
Las medidas anunciadas hoy en la Mesa tienen como significado importante el restablecimiento del diálogo social, ya que a lo largo de la tramitación parlamentaria de los presupuestos para 2016 se negociarán todos los asuntos concernientes a las relaciones laborales de las empleadas y empleados públicos en materias como salario, empleo, promoción, jornada y horarios.
Julio Lacuerda, secretario general de FSP-UGT, ha asegurado que la reconciliación de este Gobierno con los empleados públicos está condicionada a la apertura real de la negociación y a la recuperación salarial, que no ha existido hasta el momento. Lacuerda ha mostrado su preocupación por el personal del sector público que se ha jubilado en los últimos dos años, que no tienen solucionada la disminución de pensión que han sufrido. También ha pedido al Gobierno que no condicione la devolución de la paga extra íntegra y no arroje cortinas de humo sobre este punto.
En UGT consideramos esta negociación un reto para tratar de conseguir lo que llevamos exigiendo durante estos 4 años: la recuperación salarial, devolución íntegra de la paga extra suprimida en 2012, aumento de la Acción Social, la jornada de 35 horas para los trabajadores que ya la tenían, las retribuciones en caso de incapacidad temporal y la aportación a los planes de pensiones.
