8 muertos, cientos de heridas y heridos, miles de animales muertos, más de 400.000 hectáreas quemadas y familias que lo han perdido todo. Este es el balance devastador de los incendios en las Comunidades Autónomas más afectadas este mes de agosto: Castilla y León, Galicia y Extremadura.
Victoria Corbacho, secretaria federal del sector Local y Autonómica de UGT Servicios Públicos, ha afirmado que «desde UGT llevamos años exigiendo acciones urgentes e inmediatas para mejorar la prevención de los incendios que cada verano arrasan miles de hectáreas. Denunciamos la precariedad que se agrava año tras año, tanto en los bomberos forestales que arriesgan la vida en cada incendio, como en el colectivo de agentes medioambientales y forestales, un colecto integrado por 6000 funcionarias y funcionarios que coordinan el fuego en fase inicial, dirigen dispositivos y posteriormente investigan causas y culpables».
La falta de inversión de muchas comunidades autónomas se ha traducido en falta de medios y en una temporalidad del 60% en muchas plantillas. Esto se traduce en falta de limpieza en los montes, en no poder realizar ni mantener cortafuegos y en definitiva, en el abandono a su suerte del monte y de las familias que viven en él.
UGT recuerda que detrás de esta crisis hay causas estructurales como el abandono del medio rural. A esto se suma otra variable: los gobiernos de derechas en su ardua y constante misión de desmantelar los servicios públicos. Critican lo público, menosprecian a los funcionarios con el único objetivo de privatizar y llenarse los bolsillos.
Corbacho ha referido la visita realizada a Zamora la semana pasada. «Allí coincidimos con el dispositivo, chicos de entre 20 y 30 años que se quejaban del abandono institucional. Algunos habían sido contratados a través de ETTs, y tras un curso de 18 horas los habían mandado a apagar el fuego. Comían y bebían gracias a los vecinos y vecinas; nos enseñaban los pies llenos de llagas. Nos pidieron que no los dejáramos solos, que denunciáramos sus condiciones. Desde UGT Servicios Públicos vamos a recopilar todos los datos e iniciaremos la medida legales oportunas tanto en inspección de trabajo como contra las propias administraciones y empresas implicadas», ha apostillado. Otro punto es denunciar directamente a las administraciones y empresas que hayan vulnerado la correcta realización del trabajo de los profesionales.
Francisco Javier García, responsable federal de Bomberos Forestales de UGT Servicios Públicos, ha detallado en su intervención las condiciones laborales dispares del colectivo. «Los incendios matan. Mata la precariedad y la falta de inversión. Se ha perdido vidas, se han perdido fincas, explotaciones ganaderas etc además de las hectáreas de monte. 2025 ha sido el peor año del siglo XXI en cuando a superficie calcinada en territorio nacional». García ha destacado que es importante apostar por los servicios públicos, redimensionar plantillas formadas y profesionales. Crear puntos estratégicos de gestión y extinción pero también de prevención. «La ley básica de bomberos forestales no se está cumpliendo. Las administraciones tienen que tomar medidas ya. Los coeficientes reductores, la edad de jubilación, la jornada de trabajo son cuestiones que hay que regular. «Tenemos compañeros que han sido evacuados por deshidratación, duermen en barracones, en polideportivos, en malas condiciones. Hay que apostar por unas medidas homogéneas reguladas por la ley básica. Las condiciones no pueden depender de dónde estés o de la suerte que tengas. Hay diferencias salariales de 10.000 euros anuales en función de la Comunidad Autónoma en la que estés».
Juanma Antón, portavoz del sindicato profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de UGT Servicios Públicos, ha desgranado los puntos principales de un informe encaminado al análisis y propuestas de medidas que mitiguen los riesgos. «Los incendios forestales en España no son un fenómeno nuevo, pero en los últimos años su frecuencia, intensidad y capacidad destructiva han aumentado de manera alarmante. La superficie quemada en la península ibérica no tiene precedentes y equivale al tamaño de Mallorca. Solo en agosto han ardido más de 300.000 hectáreas. 3 de cada 4 hectáreas han ardido en el eje Orense-León- Zamora», ha detallado Antón.
«Los agentes forestales queremos destacar la importancia de la colaboración ciudadana. De nuestras investigaciones sabemos que más del 90% de los incendios tienen un origen humano, ya sea por imprudencias, negligencias o actos intencionados. Por ello, apelamos a la responsabilidad de todos los ciudadanos, pero también de nuestros políticos, los ciclos forestales no se rigen por periodos electorales de 4 años. Nuestro país no puede permitirse perder este Patrimonio natural».
Antón ha recordado que «somos apenas 6.000 funcionarios para un país con 50 millones de hectáreas. Los Agentes Forestales somos funcionarios autonómicos trabajando en la primera línea de defensa de la naturaleza. Desempeñamos un papel esencial en este marco de vigilancia y detección temprana de focos, aplicando la legislación y en la promoción de buenas prácticas de gestión forestal. Nuestro compromiso es firme: cada hectárea de bosque preservada significa futuro, biodiversidad y equilibrio para toda la sociedad. Los Agentes Forestales investigan el 100% de los Incendios Forestales y conocer las causas nos permite establecer políticas de prevención».
Para afrontar este desafío, los Agentes Forestales plantean una serie de medidas esenciales para un Pacto de Estado:
La gestión forestal activa y continua. Reducir la carga de combustible. La reactivación del medio rural, incentivar actividades agrícolas y ganaderas sostenibles. Hay que impulsar políticas de fijación de población en entornos rurales, evitando el abandono. Refuerzo normativo y sancionador, conocer el registro de penales para casos condenados de pirómanos o incendiarios. Integración efectiva de los Agentes Forestales en Emergencias. Reincorporación plena de los Agentes Forestales a los operativos de extinción. Y sobre todo, la creación de una Estrategia Nacional que unifique criterios y fortalezca la cooperación institucional entre comunidades autónomas y la Administración General del Estado.
La mayoría de los Agentes Forestales del están adscritos a las CCAA y no están desarrollando la Ley Básica que hace un año se aprobó sin votos en contra en el Congreso de los Diputados (al igual que la Ley de Bomberos Forestales). Esta Ley Básica 4/2024 de armonización debía ser adaptada durante este año y es urgente que se desarrolle cuanto antes.
