La implantación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado es inminente

La Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, en la que están presentes el Ministerio de Función Pública y los sindicatos firmantes, UGT y CCOO, se ha comprometido a elevar a la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para el personal de la Administración General del Estado.

Para ello, será necesario modificar la instrucción de jornada y horarios de la AGE, con el fin de adaptarla a lo establecido en el Acuerdo Marco y manteniendo el mismo ámbito de aplicación subjetivo que la instrucción actualmente vigente. UGT Servicios Públicos valora que la concreción de esta medida es inminente. Aunque la Administración no ha facilitado una fecha exacta para su entrada en vigor, se ha comprometido a que sea entre los meses de febrero y marzo.

Durante la reunión también se han abordado otras cuestiones pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, entre ellas la regulación del teletrabajo. En este sentido, se ha acordado tratar esta materia en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, sobre la base del acuerdo suscrito en abril de 2021 con el entonces ministro Miguel Iceta. UGT Servicios Públicos ha subrayado la necesidad de contar con un soporte normativo sólido que garantice el desarrollo homogéneo de esta modalidad de prestación de servicios en toda la AGE.

Asimismo, UGT Servicios Públicos ha asistido a la primera reunión del Acuerdo para la mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía. En este encuentro se ha constituido la Comisión de Seguimiento del Acuerdo y se ha emplazado a las partes al próximo 29 de enero para la constitución de cada uno de los cuatro grupos de trabajo previstos en el texto: empleo, digitalización, salud laboral e igualdad.

De cara a la próxima reunión, UGT Servicios Públicos ha señalado como una de sus prioridades la actualización e igualación de las indemnizaciones por razón del servicio.

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