Las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, entre ellas UGT, han remitido hoy sendas cartas al Presidente Regional, Fernando López Miras, y al Director General de la Función Pública, Enrique Gallego, en relación a las situación de las ITV de Alcantarilla, que hará una jornada de huelga el próximo 31 de julio.
Así, los motivos de la huelga de la ITV pública son muchos y acumulados a lo largo del tiempo. Desde febrero de 2017, fecha en la que tuvimos conocimiento de la publicación en el DOUE de la licitación de las ITV de la Región de Murcia en régimen de concesión, en la que se incluía la modificación del carácter público de la ITV de Alcantarilla, las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, UGT, FSES e Intersindical nos opusimos a la privatización de la misma, que había mantenido su carácter de gestión directa desde 1997. Así se lo transmitimos a la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, a los grupos parlamentarios PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos y así lo expresamos en notas de prensa, en intentos de dialogo con el señor consejero del ramo y en una inequívoca voluntad de diálogo en todos los ámbitos políticos y administrativos. No obstante, desde febrero la actitud del Sr. Consejero de Empleo, Universidades y Empresa ha sido la de demorar las respuestas a nuestras preguntas, a negarse a facilitarnos la información de carácter técnico, económico y jurídico solicitada y a dilatar irresponsablemente en el tiempo la necesidad de una negociación basada en la buena fe.
Las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, UGT, FSES e Intersindical hemos solicitado tanto el cese como la dimisión del Sr. Consejero de Empleo, Universidades y Empresa ante su nula implicación negociadora y su interés en recurrir a artificios de negociación que solo han conseguido aumentar la desconfianza que nos merece como negociador. Julio ha sido un mes de movilizaciones, que culminará el próximo 31 de julio con una huelga total en la ITV de Alcantarilla. La respuesta del Consejero del ramo ha sido nula y en ciertas ocasiones despreciativa hacia los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras de la ITV de Alcantarilla y hacia estos mismos. No podemos sino condenar duramente la actuación de la Consejería hacia la ITV de Alcantarilla desde al menos 1997: falta de recursos humanos, técnicos y materiales, imposibilidad de cita previa y abono de las tasas por medios electrónicos, deterioro de las instalaciones, cierre de líneas de revisión, falta de formación especializada al personal, desprecio a la profesionalidad de los trabajadores de la estación, accesos tercermundistas, etc. No obstante, la reconocida profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras públicas ha permitido que durante los años de ignominia administrativa ejercida por la Consejería competente la ITV haya mantenido una rentabilidad nada desdeñable, en torno a los dos millones de euros anuales.
El vaso ha rebosado con la intención de la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios de convocarnos a una reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios para negociar sobre la situación del personal de la ITV en base a la aplicación de un inexistente cambio jurídico de la misma, que a fecha de hoy no sabemos si terminará en los tribunales.
CCOO, CSIF, UGT, FSES e Intersindical consideramos que el posible papel negociador del Consejero de Empleo, Universidades y Empresa, que nunca ha querido ejercer si nos atenemos a sus manifestaciones y a sus posicionamientos públicos a través de los medios de comunicación de la Región, ya no se sostiene en este periodo de movilizaciones laborales. Creemos también que la gestión realizada por la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, ha sido profundamente oscurantista y alejada de cualquier atisbo de transparencia pública. Para CCOO, CSIF, UGT, FSES e Intersindical, el señor Juan Hernández no puede ser ni es un interlocutor creíble, por lo creemos que el señor Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debe retomar directamente las negociaciones si no quiere un desborde de conflictividad laboral. En este sentido, le hemos remitido un escrito para que abandone su pasividad, todo en aras de la paz social y de la necesaria ordenación de la negociación colectiva.
Informamos también, que consideramos que la reunión extraordinaria de la Mesa de Administración y Servicios debe ser suspendida, como así hemos comunicado al Sr. Director General de Función Pública y Calidad de los Servicios, al no responder al periodo de conflicto colectivo abierto y todavía no dilucidado.
