UGT ha exigido al Ministro de Educación la convocatoria de la Mesa Sectorial del Personal Docente de niveles no universitarios para abordar, entre otras cuestiones, un nuevo sistema de ingreso a la Función Docente que permita el cumplimiento del Acuerdo suscrito entre las organizaciones sindicales más representativas de la Función Pública (UGT, CCOO y CSI-F) y el Gobierno, el pasado 29 de marzo.
El Ministro de Hacienda y Función Pública es el garante del cumplimiento del acuerdo y debería exigir que los ministerios afectados, entre los que se encuentra el de Educación, iniciasen las negociaciones con las organizaciones sindicales en cada ámbito sectorial, para articular los procedimientos selectivos correspondientes.
Lejos de esto, el Gobierno introduce en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, una novedad que, de cumplirse literalmente, limitaría a un máximo de tres años el nombramiento de un funcionario interino, salvo en el ámbito de la Universidad (donde por cierto hay pocos funcionarios interinos, pero muchos trabajadores en precario) , ni en aquellos trabajadores cuyas condiciones se regulan en la Ley de Ciencia e Investigación.
Con la inclusión de este párrafo, el Gobierno compromete el funcionamiento del sistema de contratación de los funcionarios interinos docentes, invade competencias de las Comunidades Autónomas que tienen acuerdos territoriales con las Organizaciones Sindicales de su ámbito y sólo contribuye a crear un profundo malestar entre los compañeros que trabajan en condiciones más precarias en el sistema educativo.
Además, no tiene en cuenta las especificidades de la Función Docente: en el mejor de los casos, los funcionarios interinos de la Enseñanza no Universitaria son nombrados para un curso escolar y después, cesados sin ninguna garantía de volver a trabajar el curso siguiente. Por otro lado, se han ganado su puesto en las distintas bolsas de trabajo tras someterse a procesos selectivos, lo que genera derechos que, a nuestro juicio, no pueden ser conculcados.
Si el Gobierno estaba pensando en otros colectivos de empleados públicos que lo explicite. Si persiste en no hacer excepciones y ya que la disposición afecta a condiciones laborales, está obligado a negociarlas con los sindicatos. Otra razón de peso para convocar de manera urgente la Mesa Sectorial.
En cualquier caso, y ya que se están tramitando los Presupuestos en el Congreso, los Grupos Parlamentarios deben enmendar la situación. También las Comunidades Autónomas deben hacer ver al Gobierno las consecuencias negativas y las dificultades en la gestión del personal docente que, de llevarse a cabo, tendría esta medida.
Seguiremos exigiendo el inicio de las negociaciones. De no convocar la Mesa Sectorial, el Ministro será el responsable de las movilizaciones a las que necesariamente, el profesorado interino se verá abocado. La UGT va a estar con estos trabajadores y trabajadoras sin dudarlo.
