UGT considera que la apertura de los centros educativos es una buena noticia para la educación y el alumnado, pero insistimos en que la reapertura debería haber conjugando la presencialidad de todas las etapas educativas y la seguridad sanitaria de la comunidad educativa. Valoramos positivamente la inversión educativa del Ministerio de Educación y FP con 2.000 millones de euros, y, al mismo tiempo, denunciamos el desconocimiento del presupuesto que han puesto las Administraciones educativas para comenzar el curso con las mejores condiciones.

UGT ha defendido la necesidad de hacer un mayor esfuerzo para reducir el número de alumnado por aula y el número de horas lectivas del profesorado. En un inicio de curso en el que no se ha garantizado la enseñanza presencial para todo el alumnado, la situación se agrava cuando los recursos digitales siguen sin llegar a las aulas, como tampoco los recursos para paliar la brecha digital del alumnado más desfavorecido.

Por otra parte, desde el sindicato se ha insistido en la necesidad de abordar la reducción de ratios para garantizar la distancia de seguridad del alumnado, así como la reducción del horario lectivo del profesorado que se ve sobrecargado de tareas al tener que compaginar la atención del alumnado presencial y semipresencial. La situación de pandemia ha obligado al personal educativo de los centros a asumir otras obligaciones que se suman a la infinita lista de tareas propias de su labor docente. Desde el sindicato, se ha solicitado información sobre la incidencia de contagios en las distintas etapas educativas y si hay más afectados en Primaria que en Secundaria.

Entre los problemas que la pandemia ha puesto en evidencia queremos señalar la falta de profesorado y el aumento en la contratación, que nos aleja de la reducción de la tasa de interinidad del 8%. La situación por la covid ha elevado la cifra de interinidades a niveles que es necesario corregir con urgencia. Desde UGT proponemos la necesidad de negociar y revisar el sistema de ingreso. En esta situación sería necesaria la adopción de un acuerdo que recoja medidas excepcionales que permitiera la convocatoria de amplias ofertas de empleo público, junto a la adopción de manera transitoria de un sistema de ingreso que permitiera dar estabilidad y mejorar las condiciones laborales del profesorado interino.

El Sindicato ha venido defendiendo la derogación de la LOMCE desde su aprobación. Por tanto, valora positivamente que se haya iniciado el trámite de la nueva Ley de Educación. Consideramos que la LOMLOE es un buen punto de partida para mejorar el sistema educativo y compartimos los ejes principales de la nueva ley. UGT ha venido participando en algunas reuniones previas a la presentación del debate de la ley educativa y ha presentado propuestas que en algunos casos se han conseguido sacar adelante. Creemos que estamos a tiempo de abordar algunas carencias que la ley no ha incorporado, como la reducción de las ratios y la bajada de la carga lectiva del profesorado.

Sobre los Presupuestos, el Sector de Enseñanza reconoce un esfuerzo importante del Gobierno que ,además, supone una apuesta por la Educación. Nos gustaría saber cómo se concreta la ampliación de la educación 0-3 años y si se incluye en el presupuesto. Consideramos que es importante la inversión que se prevé destinar a becas y apostamos por la retirada de la cuantía variable de las mismas. Además, nos parecen acertados los ejes de gasto del presupuesto destinados a Educación.

Por otra parte, se han aclarado algunas cuestiones debatidas en estos días, como por ejemplo que se mantiene el concurso-oposición para ingresar en la función inspectora.

El Ministerio de Educación y FP ha informado sobre las medidas extraordinarias en materia de personal adoptadas en relación a la situación generada por la covid-19. Entre las medidas que se han tomado se ha comentado la exención del requisito de máster de formación del profesorado, de manera excepcional y siempre que no hubiera profesorado suficiente en las listas de interinidad. Por otro lado, se prevé que las ofertas de empleo público se puedan celebrar en las mismas condiciones del acuerdo firmado para la estabilidad del profesorado.

El secretario de Estado de Educación y FP ha informado sobre los datos de seguimiento de la evolución de la covid-19 desde el comienzo del curso 2020/2021 en la enseñanza no universitaria. Los datos recogen la incidencia que ha trasladado cada comunidades autónoma a fecha 5 de noviembre: 6.181 aulas en cuarentena; 25 centros educativos que permanecen cerrados por presentar incidencias covid o por estar en zonas de cuarentena, y 2.358 centros con aulas en cuarentena. Sobre los casos de contagios, la cifra alcanza los 13.022 positivos en alumnado y 1.590 positivos en docentes, y los datos de personas en cuarentena se eleva a 138.278 alumnos y 5.974 docentes.

Según el secretario de Estado, pese a que la situación epidemiológica del país ha empeorado en los últimos días, en general, la incidencia de la covid-19 en los centros educativos de nuestro país sigue siendo minoritaria. Ha insistido en que el impacto de la pandemia en los centros se origina por los casos que vienen del exterior, más que por los casos que se originan en los propios centros. Al igual que en el resto de países, se pretende garantizar el mantenimiento de la actividad académica en los centros educativos. El Ministerio ha reconocido la calidad del trabajo desarrollado por el profesorado en una situación tan complicada. Se ha informado de que las tasas más altas de incidencia en los centros coinciden con los territorios con mayor número de contagios como Cataluña, Ceuta y Madrid.

A continuación, el Ministerio ha informado sobre el estado de tramitación del Proyecto de Ley Orgánica, de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Congreso de los Diputados y el debate de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. La pandemia ha retrasado la tramitación parlamentaria de la ley. Las enmiendas a la totalidad se debatieron antes, por lo que el periodo de enmiendas parciales se ha prolongado. Muchas de las enmiendas presentadas se hacen a iniciativa de algunas de nuestras organizaciones. El Ministerio ha manifestado que, a pesar de la información vertida, se ha mantenido debate con la comunidad educativa. El próximo viernes se debatirá y se votará el informe de la ponencia y, de ser aprobado, se trasladará a la votación del pleno del Congreso. La votación de conjunto de la Ley deberá contar con el voto de 176 diputadas y diputados. El Senado recibirá el texto y en el plazo de un par de meses se devolverá al Congreso. Hasta que no se haya aprobada la ley no se pueden tramitar las leyes de desarrollo, como la normativa del currículo y un conjunto de normas que habrá que ir modificando. En este proceso es donde se concretará la ley educativa. El secretario de Estado ha adelantado que para la tramitación de estas normas se contará con la participación del profesorado.

Sobre las medidas urgentes adoptadas en el ámbito de Ceuta y Melilla, se ha informado del retraso de algunas gestiones a consecuencia del ámbito competencial de los temas. Se ha destinado un refuerzo importante del personal de la enseñanza. Además de un fondo para el plan PROA, tendrá también un presupuesto para atender otras medidas. Se adelanta que las plazas de refuerzo se podrán mantener, de tal manera que se mejore la situación de masificación de los centros de los territorios de Ceuta y Melilla.

El subsecretario ha informado de las líneas básicas sobre el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, donde el presupuesto de Educación supondrá un aumento considerable que priorizará la promoción de la equidad, la Formación Profesional y la digitalización. El Ministerio de Educación va a disponer de un presupuesto de 5.697 millones de euros, lo que supone un aumento del 139%. Entre los datos más destacados cabe mencionar la inversión de 1.628 millones de euros para FP, los 1.013 millones de euros para reducir la brecha digital y los 2.090 millones destinados a becas, que permitirá la reforma sustancial en el sistema de Becas, a través del Observatorio de Becas.

Por último, el Ministerio de Educación ha planteado la intención de planificar un calendario de reuniones para abordar las tareas tanto de los grupos de trabajo como el de la Mesa de Negociación del Personal Docente no Universitario. Desde UGT, manifestamos la necesidad urgente de abordar, entre otros temas, la negociación del sistema transitorio de ingreso, las ofertas de empleo público y la movilidad del profesorado.