FeSP-UGT pide a Función Pública negociar un Acuerdo que permita seguir recuperando poder adquisitivo

 

FeSP-UGT pide a Función Pública negociar un Acuerdo que permita seguir recuperando poder adquisitivoLa Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha asistido hoy a la reunión que ha convocado Función Pública para dar a conocer la subida salarial de los empleados públicos prevista para 2021.

Julio Lacuerda, secretario general de FeSP-UGT, ha afirmado que el modo en que se ha producido la convocatoria de la Mesa general ha provocado un profundo malestar y “ni siquiera nos han dado las propuestas por escrito. Cuando las tengamos podremos valorarlas. El Gobierno ha perdido una buena oportunidad para llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales». Lacuerda ha señalado que es necesario disponer de una agenda calendarizada de cuáles son las materias que hay que negociar y desarrollar en la presente legislatura.

UGT ha criticado que el anuncio de hoy se haya hecho sin tiempo para el debate y sin una negociación real, una forma de proceder que contradice el compromiso del Ministerio de reforzar el Diálogo Social. El sindicato insta al Gobierno a enmendar esta actitud convocando de manera inmediata una Mesa para negociar un nuevo Acuerdo. Pedimos que la negociación se lleve a cabo antes de que se aprueben en las Cortes los PGE de 2021. Aún hay margen para negociar y mejorar aspectos importantes respecto a las condiciones laborales. El objetivo es también evaluar los asuntos que quedaron pendientes del anterior Acuerdo y cumplir los compromisos en materia de empleo público, así como buscar soluciones a la sentencia europea sobre la excesiva temporalidad en nuestro país.

UGT ya trasladó a la ministra Darias estas propuestas la semana pasada en una carta de la que aún no hemos obtenido respuesta.  

A dos meses de que expire el Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo (2018-2020) aún existen graves e inaceptables retrasos en los procesos de estabilización tanto por parte de la AGE como de las CCAA.

También resulta imprescindible un mayor compromiso con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.

 

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