La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de la Región de Murcia ( FeSP-UGT ) va a iniciar, en los próximos días, una ronda de Asambleas informativas por los centros de trabajo de la Administración Pública Regional para ofrecer asesoramiento legal a eventuales e interinos en relación a la reclamación de la indemnización por finalización de contrato, y ánima a los que estén en ésta situación a presentar reclamaciones previas.
Hay que recordar que hace escasos días el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) fallo varias sentencias de gran relevancia en relación a la normativa que regula la contratación y nombramientos del personal temporal en las Administraciones Publicas españolas, que consideraba que no se ajusta a derecho comunitario y que había que hacer adaptaciones.
En este sentido, recordar también que una de las sentencias, la referida a una trabajadora del temporal interina de la Administración General del Estado, es muy clara y tajante: es contrario a derecho comunitario que los contratos temporales tengan una indemnización diferente a los trabajadores fijos de igual categoría, así como que los contratos temporales de interinidad no lleven ninguna indemnización.
FeSP-UGT recuerda que en España los juzgados ya están fallando sentencias a favor de los trabajadores, como en el caso de la Sanidad Gallega, donde han considerado que es un fraude de ley la concatenación de contratos durante años sin considerarlo una necesidad estructural.
Este sindicato viene luchando desde hace muchos años para que interinos y eventuales tengan los mismos derechos y el pasado verano asesoró legalmente a centenares de interinos de Educación en la presentación de reclamaciones para que pudieran cobrar le mes de vacaciones, como establecía la Ley de Presupuestos 2016.
Por último, recordar que en los próximos día FeSP-UGT visitará los centros para que todos los interinos y eventuales de cualquier colectivo que se puedan ver beneficiados por las recomendaciones del TJUE presenten las oportunas reclamaciones previas y espera que la Administración Pública Regional atienda a ellas, haciendo caso a la Justicia Europea, sin necesidad de tener que acudir a otras instancias.