Exigimos la negociación inmediata para garantizar salarios dignos tras la subida del SMI

UGT Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia valora positivamente el preacuerdo alcanzado a nivel estatal para la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026, que se sitúa en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, manteniendo además su exención en el IRPF, lo que garantiza que la subida sea neta para las personas trabajadoras.

Este nuevo incremento del SMI, fruto de la acción sindical y del compromiso de UGT con la mejora de los salarios más bajos, supone un avance en la lucha contra la precariedad laboral y la desigualdad salarial. Sin embargo, desde UGT Servicios Públicos CARM queremos advertir de una situación especialmente preocupante en el ámbito de la Administración Regional.

En la actualidad, existen grupos y categorías profesionales del Sector Administración y Servicios de la CARM cuyas retribuciones base quedan igualadas o incluso por debajo del nuevo SMI, una situación que resulta inaceptable y contraria a los principios de justicia salarial, reconocimiento profesional y jerarquía retributiva dentro del empleo público.

La subida del SMI no puede, ni debe producir efectos de compresión salarial, ni mucho menos provocar que trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública vean vaciado de contenido su salario base o dependan exclusivamente de complementos para alcanzar el mínimo legal.

Por todo ello, desde UGT Servicios Públicos CARM instamos a la Administración Pública de la Región de Murcia a:

  • Sentarse de manera inmediata a negociar con la representación sindical.
  • Actualizar las tablas salariales de los grupos y categorías afectadas.
  • Garantizar que ninguna persona trabajadora de la CARM perciba retribuciones por debajo del SMI, respetando la estructura salarial y la progresión profesional.

UGT considera imprescindible abordar esta cuestión con responsabilidad, voluntad negociadora y urgencia.

Desde UGT Servicios Públicos CARM seguiremos defendiendo salarios dignos, empleo público de calidad y una negociación colectiva real y efectiva, utilizando todos los instrumentos sindicales a nuestro alcance para garantizar los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la Administración Regional.

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