Desde FeSP UGT recordamos que en la macroencuesta realizada en el 2015 se señalaba que de toda la violencia que sufren las mujeres en España sólo llega a conocimiento de la justicia un 28,5%, que haya un 65% de violencia oculta . Del 81% de las mujeres que han comentado alguna vez que están sufriendo violencia a familiares, amigos, vecinos, a las personas de su entorno, a profesores, a tutores, a algún profesional socio sanitario y sólo el 2% de las denuncias tienen su origen en los familiares. Un 13% tiene su origen en los informes socio sanitarios. El 8% de las mujeres que retiran la denuncia lo hacen porque no sienten que se les vaya a creer.
La preocupación por la violencia que se ejerce hacia las mujeres se ha hecho extensiva a una gran parte de la sociedad, pero son los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública los que deben responder a la prevención, seguridad, educación y acompañamiento de las víctimas, así como a la persecución del delito y para ello deben contar con la formación, los recursos y los cauces legales necesarios para desempeñar su función. Desde el ámbito educativo, sanitario, judicial, servicios sociales o seguridad es fundamental que exista una coordinación eficaz tanto de la información como de la continuidad del proceso. Los trabajadores y trabajadoras que se enfrentan a esta realidad cada día, están concernidos tanto profesional, como moral y éticamente ante este gravísimo problema. Pero en muchas ocasiones se encuentran con las barreras tanto de recursos, como de coordinación con otros servicios o de formación. Por esto volvemos a reiterar la urgencia de la correcta aplicación de medidas que no pueden esperar:
-Formación de profesionales en violencia de género.
-Herramientas para hacer valoraciones de riesgo, adecuadas para proteger a la victima.
-Coordinación y comunicación adecuada entre las administraciones.
-Asesoramiento previo de la víctima antes de la denuncia
– Hacer efectivo el acompañamiento al que se refiere la Ley del Estatuto de la Víctima a través de trabajadores sociales o psicólogos que puedan ofrecer la asistencia psicológica necesaria.
– Dotación presupuestaria para las oficinas de atención de las víctimas.
– Unidades de valoración integral forense en todas las provincias.
-Guardias en todos los juzgados de violencia de género para la realización de las valoraciones integral forense en caso de situaciones de riesgo.
– Presupuestos adecuados para que se le asista a la víctima antes, durante y después del procedimiento y al margen del procedimiento.
