La Federación de Emplead@s de los Servicios Públicos de (FeSP) UGT ha denunciado la pasividad del Gobierno del PP frente al panorama que se abre en las Administraciones Públicas, tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los derechos de los trabajadores temporales.
UGT insiste en que las sentencias del TJUE reconocen unos derechos que el sindicato reclamará por todos los cauces posibles. Por la vía del diálogo social, para lo que ha pedido al Gobierno la convocatoria de la Mesa General de las Administraciones Públicas y del Ámbito de Negociación en Sanidad y por la vía judicial. Actualmente, UGT se encuentra perfilando una estrategia que permita indemnizar a los trabajadores que estén en este caso y que se ajusten a las previsiones legales.
El Gobierno se queda sólo en su pertinaz inacción, frente a los agentes sociales, las instituciones y los tribunales. El último, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, siguiendo las razones del TJUE, ha sentenciado que “No se puede discriminar a la actora en cuanto a la indemnización por la extinción de la relación laboral, como consecuencia del tipo de contrato y, por consiguiente, tiene derecho a igual indemnización que la que correspondería a un trabajador fijo comparable de extinguirse su contrato por otra causa objetiva”.
A su vez, la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Congreso de los Diputados aprobó una moción con el objetivo de instar al Gobierno a iniciar un plan de actuación con las administraciones autonómicas y los sindicatos para reducir la tasa de temporalidad en el Sistema Nacional de Salud a menos de un 10 por ciento.
Según cálculos de FeSP-UGT, actualmente se encuentran en situación de precariedad cerca de 170.000 trabajadores del Sistema Nacional de Salud, un 35% del total de la plantilla del Sistema Nacional de Salud español. En el ámbito de la educación, la interinidad del profesorado en la enseñanza pública alcanza a uno de cada cuatro docentes de enseñanza no universitaria, pues podemos decir que la cifra total de interinos en Educación asciende a un 25,7% en el conjunto del Estado, cuando el porcentaje normal debería rondar el 8% del total del profesorado.
