Para las organizaciones representativas del sector, la etapa de 0 a 3 años es una etapa netamente educativa, que forma parte del sistema educativo establecido en la LOE, por lo que no sería comprensible hacer recaer en el primer ciclo de infantil el peso fundamental de las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.
Históricamente, los centros de educación infantil han venido sufriendo dificultades económicas estructurales, debido básicamente, al descenso de la natalidad en nuestro país y a la endémica insuficiencia de las políticas de infancia por parte de todas las administraciones públicas, sin excepción. En este contexto, la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias de todo orden, ha venido a dejar a todos estos centros educativos, en una situación límite, la cual, en muchos casos, los abocará a su desaparición.
Ante la situación que está generando el actual estado de alarma la pandemia del COVID-19 y las medidas necesarias para evitar su contagio urge aplicar actuaciones por parte de la administración pública que garanticen la viabilidad de los centros educativos y el mantenimiento del empleo en la base del sector educativo, de vital importancia en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de quienes conformarán la sociedad del mañana.
Resulta evidente que, con carácter general, en estos momentos no se dan las condiciones necesarias para atender a un alumnado que interactúa continuamente con quienes les rodean y cuya relación con el personal que les educa se basa en un vínculo emocional y afectivo intenso. La probabilidad de riesgo de contagio es real, por lo que es preferible planificar bien el inicio de la actividad del próximo curso escolar que forzar la vuelta anticipada, sin perjuicio de las diferentes normativas que se puedan regular al respecto en las CC.AA.
En este sentido es imprescindible que la autoridad sanitaria dicte de manera urgente las normas, específicas y concretas, que permitan la reapertura de dichos centros con todas las garantías higiénico-sanitarias, tanto para el alumnado como para los trabajadores. Hay que tener en cuenta las características del sector en el que el distanciamiento social resulta imposible de mantener, debido al permanente contacto físico entre ellos y con ellos, las innumerables situaciones de seguridad, higiene y alimentación, así como de la necesaria y permanente limpieza y desinfección.
Por otro lado, el sector se ha visto especialmente castigado desde el inicio de la pandemia dado que las familias, han dejado de realizar las aportaciones económicas que constituye su principal fuente de ingresos. Por ello, es de vital importancia, para la viabilidad de los centros y el mantenimiento del empleo, la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por causa de Fuerza Mayor Total para esta etapa educativa, y hasta que se normalice la actividad educativa presencial. Asimismo, resulta necesario el mantenimiento de las exoneraciones en las cuotas de la seguridad Social, para este tipo de ERTE.
El sector, mayoritariamente formado por autónomos, micropymes y pymes, con una limitada capacidad económico-financiera, va a necesitar con carácter de urgencia de la adopción de medidas fiscales, laborales y económicas que permitan garantizar el sostenimiento de los centros, el mantenimiento del empleo, altamente feminizado, cualificado y joven, de más de 50.000 personas trabajadoras, y la escolarización del alumnado de más de 205.000 familias.
Por todo ello, exigimos que se tenga en cuenta a todas las organizaciones representativas del sector para realizar aportaciones y sugerencias a los proyectos normativos que se elaboren en repuesta a las solicitudes expuestas.
Por último, es el momento oportuno para que, con la presidencia del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se constituya una mesa sectorial de la Educación Infantil en la que se puedan negociar, ahora y en el futuro, las cuestiones específicas del sector.
