La elaboración del anteproyecto de ley de PGE para 2015 se antoja una ocasión ideal para tener en cuenta las apreciaciones de la OCDE, que en su último informe alerta de las consecuencias negativas que han tenido sobre la economía las rebajas salariales impuestas en los países europeos.
El sector AGE de la FSP-UGT recuerda al ministro Montoro la responsabilidad que tiene sobre la política salarial de España en su faceta de empleador. En este papel, el Gobierno ha aplicado una política salarial restrictiva a los trabajadores a su cargo –en lo que lleva de legislatura ha provocado una pérdida de poder adquisitivo en el sector de 13,8 puntos– además de servir de elemento aleccionador para el resto de empresarios nacionales, quienes han seguido fielmente la senda del recorte salarial y precarización laboral abierta por el ejecutivo.
El informe anual sobre el empleo que ayer difundió la OCDE -que señala que las rebajas salariales impuestas en los países europeos más afectados por la crisis están mostrando sus límites en la mejora de la competitividad e incluso son contraproducentes- coincide con los argumentos planteados por la FSP-UGT desde hace tiempo.
En todo caso, el sector AGE de la FSP-UGT entiende que, ante una previsión de incremento del PIB de España del 1,6% para 2015 realizada por la OCDE, los PGE para 2015 deben reflejar una subida salarial que empiece a paliar la pérdida de poder adquisitivo que los empleados públicos hemos sufrido durante la crisis.
Ello iría en línea con los planteamientos que el Secretario de Estado para la AAPP, sr. Beteta, nos hizo a los sindicatos en la reunión del 14 de julio. Planteamientos de negociación, ante el cambio de tendencia económica que pregona el Gobierno, que desgraciadamente no han tenido continuidad en la Dirección General de Función Pública, cuya convocatoria para negociar llevamos dos meses esperando.
El Sector AGE reclama la convocatoria de la MGNAGE para negociar la carrera profesional de los empleados públicos de la AGE
La profesionalización de los empleados públicos (mediante la formación, la cualificación, la promoción y la carrera) constituye un factor relevante para incrementar la productividad de cada empleado público y de la organización en su conjunto, siendo éste un objetivo esencial para alcanzar los niveles de competitividad a que debe aspirar un país como el nuestro, en el marco de la Unión Europea y en la dinámica de la globalización.
Pero claro, dicha profesionalización conlleva ineludiblemente un reconocimiento salarial a la progresión desarrollada al respecto, lo que contribuye a la mejor calidad del trabajo desempeñado, como un instrumento de motivación y compromiso del personal, de creación de cultura y valores, de progreso personal y profesional, y de transmisión y conservación del conocimiento. Todos estos elementos influyen de modo directo en el mejor desempeño y son uno de los signos distintivos de las organizaciones más avanzadas y eficientes.
En definitiva, apostar por la profesionalización de los empleados públicos es una de las mejores inversiones que puede hacer cualquier organización y paralelamente, desde la posición de los empleados públicos, la progresión profesional constituye sin duda una herramienta esencial en el desarrollo de su carrera profesional, a través de los mecanismos que se consideren oportunos, y con el correspondiente refrendo salarial. Por ello se hace preciso el desarrollo del derecho a la carrera profesional prevista en el EBEP y contemplada en el Informe de la CORA y que tan buenos resultados está ya generando allí donde se ha implantado.
Si queremos mantener a los mejores profesionales en la Administración General del Estado, incluso atraerlos de otros ámbitos, resulta imprescindible incrementar los salarios de los empleados públicos, primando e incentivando su perfeccionamiento profesional.
En ese sentido, solicitamos la convocatoria de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para tratar estas cuestiones.
