En el marco del Comité Federal, la FeSP-UGT insta al Ejecutivo a presentar una propuesta suficiente para acabar con la desigualdad salarial entre centros.
La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT advierte al ministro de Interior, Fernándo Grande-Marlaska, que puede acabar sobrepasado por un conflicto que ya lleva meses enquistado. La dirección federal de la FeSP-UGT quiere manifestar todo su apoyo y compromiso a los empleados públicos de las prisiones españolas y a los sindicatos que les representan en este conflicto y emplaza al Gobierno a abrir una negociación seria y con propuestas que permitan avanzar hacia un acuerdo justo.
En caso contrario, las movilizaciones van a proseguir con el riesgo, además, de que el conflicto se encone más de lo que ya está y sirva, como ha ocurrido en otros, como abono para intereses ajenos a los del colectivo.
Los recortes salariales de los últimos diez años, la supresión de derechos y la falta de personal, provocado en parte por la crisis y en mayor medida por la dejadez de los responsables gubernamentales, han motivado que desde enero de 2018 se hayan sucedido numerosas acciones de presión que desembocaron el pasado mes de noviembre en seis jornadas de huega general, con un 90% de participación y una marcha multitudinaria el 12 de diciembre. El sindicato valora positivamente el apoyo de los empleados de Instituciones Penitenciarias a estas movilizaciones y expresa su total apoyo a las mismas.
UGT, junto al resto de sindicatos representativos, presentó al nuevo Ejecutivo una propuesta para solucionar la situación de los trabajadores de prisiones. Uno de puntos más urgentes es acabar con la desigualdad salarial entre los empleados de prisiones de diferentes centros penitenciarios. Se trata reducir las categorías de los centros penitenciarios, igualando todos los puestos de trabajo con los de categoría superior, tanto para funcionarios como para laborales.
El Ministerio del Interior también presentó su propuesta de negociación pero, de manera incomprensible, unos días después, el 28 de septiembre, desaprovechó una oportunidad inmejorable de encauzar el conflicto en Prisiones al retirarla y acabar con la negociación.
Han sido cinco años sin concurso de traslados y sin carrera profesional. Con un déficit anacrónico y endémico de personal; un 15% de las plazas están sin cubrir; con diferencias salariales, dependiendo de dónde trabajes, de entre 300 y 700 euros menos.
Entre los profesionales de Instituciones Penintenciarias se ha extendido la convicción de que el Gobierno los ha abandonado. Y eso no puede traer nada bueno, especialmente, para el desarrollo de su función como servidores públicos. Esta situación debería preocupar mucho a cualquier gobierno, pero aún más a uno que hace gala de reconocimiento de los derechos de los trabajadores y de los servicios públicos.
UGT emplaza al Ejecutivo a actuar con responsabilidad institucional y abrir una negociación real que solvente la situación de cerca de 23.000 trabajadores.
