Las clases presenciales están suspendidas en todos los niveles de nuestra enseñanza y según datos de la UNESCO, 850 millones de niños, niñas y jóvenes, aproximadamente la mitad de la población estudiantil mundial, no acuden en la actualidad a las escuelas y universidades a causa del COVID-19. El cierre de los centros, es una medida sin precedentes, que esta aplicándose ahora mismo en más de 102 países del mundo.

A pesar del cierre, la comunidad educativa sigue en activo para intentar garantizar el derecho a la educación. Las instituciones educativas, así como el profesorado, han buscado diferentes soluciones que van desde alternativas de alta tecnología, como clases de vídeo en tiempo real realizadas a distancia, hasta opciones como la programación educativa en canales de televisión o radio.

En muy pocas semanas, desde nuestras casas, con la modificación por completo de nuestros hábitos y escuchando las noticias, medidas y recomendaciones vamos empezando a comprender la fragilidad de la vida y la importancia del cuidado de la salud. A través de las redes, poco a poco vamos viendo que nadie se salva solo, que las fronteras no existen, y menos para los virus, que la salud es un derecho universal, y que protegerla a través de los servicios públicos, que nos garantizan la igualdad de oportunidades entre todas y todos, es un deber colectivo.

Dentro de esos deberes colectivos que vemos fundamentales garantizar para una vida digna en nuestra sociedad está la educación. Previo a esta crisis sanitaria, éramos conscientes de que la educación es una herramienta clave para disminuir las desigualdades sociales.

En España, la educación ha tenido en las últimas décadas un papel determinante en la movilidad social de amplios sectores de la población. Sin embargo, estudios e informes publicados en los últimos tiempos por ONGs y organismos internacionales nos señalaban que el ascensor social de la educación tiene limitaciones y que es necesario que en el diseño de las políticas educativas se tenga en cuenta la diversidad del alumnado con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades que pretenden las políticas públicas.