Los datos revelan que, si antes de la pandemia, alrededor de 127 millones de niñas, niños y jóvenes de enseñanza primaria y secundaria que vivían en países afectados por la crisis estaban sin escolarizar, hoy se calcula que 24 millones de niños y niñas pueden abandonar la escuela como consecuencia de la COVID-19. Una situación que se agrava de manera especial en el caso de las niñas.
Puesto que la educación es un derecho humano fundamental, la educación que se desarrolla en contextos de emergencia, y que centra la Semana de Acción Mundial por la Educación que se celebra entre el 25 y el 30 de abril, debe ser una prioridad en la respuesta a todo tipo de crisis.

Los y las docentes desempeñan en ello un papel decisivo, como recuerdan todas las organizaciones que participan en esta iniciativa, ya que están en primera línea para garantizar la continuidad del aprendizaje y se adaptan a nuevas herramientas para la enseñanza a distancia o en condiciones adversas. Pese a ello, la realidad es que, en muchos países, muchos docentes que siguen teniendo contratos temporales o que llevan a cabo sustituciones o apoyo educativo se enfrentan a la amenaza de la finalización de sus contratos, lo que supone un acrecentamiento del déficit de profesores y profesoras bien cualificados y dignamente remunerados.

Para sacar a la luz esa realidad, la Semana de Acción Mundial por la Educación ha elaborado, entre otros muchos materiales, un manifiesto con el que invita a centros y organizaciones educativas a adherirse a la campaña #MilMillonesDeVoces de la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación. En él se solicita a las Administraciones competentes una serie de medidas, entre las que la primera es dar prioridad a la educación en la cooperación española y avanzar decididamente hacia el objetivo de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), garantizando que un 20% de la misma se destine a educación.

Incrementar el compromiso con la educación en situaciones de emergencia y destinar el 10% de la AOD a la ayuda humanitaria y un 10% de la misma a educación, así como apostar decididamente por la Educación para la Ciudadanía Global, con la meta de dedicarle al menos un 3% de la AOD total, son otros de los objetivos perseguidos.

En España, la pandemia ha puesto en evidencia que aquellos que se enontraban previamente en una situación de vulnerabilidad social o económica, ven reducidas sus posibilidades de acceso, aprovechamiento y permanencia en una educación de calidad y equitativa.

Por eso, en nuestro ámbito, se busca focalizar los necesarios incrementos en el presupuesto educativo y de acción social de manera prioritaria hacia aquellos colectivos más vulnerables en las crisis; promover la inclusión equitativa y sostenible en los sistemas educativos nacionales de las personas refugiadas, solicitantes de asilo, repatriadas, apátridas y desplazadas sin discriminación alguna, facilitando la contratación de docentes y personal de apoyo psicosocial, y aumentar los recursos internos disponibles para la educación y otros servicios públicos a través de la reforma fiscal.